Procesaron a Espert por lavado de dinero: embargo de $1.000 millones y prohibición para salir del país
La Justicia federal procesó a José Luis Espert por presunto lavado de activos, le impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir de la Argentina. La decisión del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, se enmarca en la investigación por una transferencia de US$ 200.000 recibida en 2020, vinculada a una empresa guatemalteca relacionada con Federico “Fred” Machado, investigado por sus vínculos con delitos financieros y el narcotráfico.
El expediente busca determinar el origen de ese dinero y si fue introducido en el circuito legal mediante operaciones destinadas a ocultar su procedencia. Espert sostuvo que había recibido los fondos como pago por un contrato de asesoramiento con la minera guatemalteca Minas del Pueblo. La fiscalía, en cambio, sospecha que ese contrato fue simulado y que los servicios invocados no se prestaron.
Los US$ 200.000 bajo la lupa judicial
La investigación apunta a reconstruir qué ocurrió con los fondos transferidos a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos y cómo se utilizaron posteriormente. Según la hipótesis fiscal, el dinero habría sido aplicado a la compra de vehículos de alta gama y a operaciones vinculadas con un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda, movimientos que podrían haber buscado dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito.
La causa también alcanza al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, y a la sociedad familiar Varianza SA. La Justicia investiga el papel que habrían tenido en las operaciones financieras y contables bajo sospecha. Las responsabilidades de cada involucrado deberán determinarse durante el proceso.
Un nuevo revés judicial para el exdiputado libertario
El procesamiento llega después de que la Cámara Federal de San Martín rechazara los planteos de la defensa de Espert para anular medidas de prueba y apartar al fiscal que impulsa la investigación. Los camaristas concluyeron que no se había acreditado una vulneración concreta de las garantías constitucionales que justificara invalidar las actuaciones.
El caso volvió a poner bajo la lupa los vínculos entre Espert y Machado, así como el financiamiento y los movimientos de dinero relacionados con el exdiputado. El escándalo ya había tenido consecuencias políticas en 2025, cuando Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
El procesamiento no equivale a una condena: la causa continúa abierta y la Justicia deberá establecer si existió lavado de activos y cuál fue la participación de cada uno de los investigados.
