Mientras crece la preocupación por la ludopatía adolescente, el Gobierno de Javier Milei mantiene frenado en el Senado el proyecto que busca prohibir la publicidad de las apuestas online. La iniciativa tiene media sanción de Diputados desde noviembre de 2024 y puede perder estado parlamentario a fines de este mes si no se trata. La Casa Rosada apuesta a que el plazo se cumpla sin que la ley avance, mientras impulsa una regulación propia que deja en pie buena parte del negocio publicitario de las casas de apuestas habilitadas.
La diferencia entre los dos proyectos expone qué intereses quedan protegidos. La iniciativa aprobada en Diputados prohíbe la publicidad de apuestas online en televisión, radio, redes sociales y vía pública; también impide que las plataformas patrocinen camisetas, equipos deportivos, estadios y eventos, y que influencers promocionen sus servicios. El proyecto del Gobierno, en cambio, concentra las restricciones en los operadores ilegales y permite que las empresas autorizadas sigan promocionándose, aunque establece algunas limitaciones cuando la publicidad puede alcanzar a menores.
No es un detalle técnico: significa que, mientras una propuesta busca reducir la exposición general a las apuestas, la otra preserva los canales de promoción de una actividad que mueve enormes cantidades de dinero. La postura oficial termina beneficiando a las plataformas habilitadas y a quienes obtienen ingresos por sus publicidades y patrocinios. En el debate legislativo ya había intervenido un fuerte lobby empresarial, y hasta senadores de distintos espacios reconocieron que los intereses del sector atraviesan a varias bancadas.
El freno parlamentario se mantiene pese a la presión de la Iglesia Católica, que volvió a reclamar que el Senado trate el proyecto antes de que pierda estado parlamentario. La Pastoral Social y la Conferencia Episcopal vienen advirtiendo sobre el avance de las apuestas entre adolescentes y cuestionaron que la iniciativa del Ejecutivo no limite la publicidad masiva ni los mecanismos comerciales de captación de usuarios. La oposición también pidió reuniones con senadores oficialistas para destrabar el expediente, pero todavía no obtuvo respuestas.
Los datos muestran la dimensión del problema. Según UNICEF, uno de cada cuatro adolescentes de entre 12 y 17 años apostó online alguna vez, y seis de cada diez conocen a alguien que lo hizo. La puerta de entrada suele aparecer a edades tempranas y las apuestas están fuertemente vinculadas con el deporte, las redes sociales y la circulación de publicidad. La exposición no se limita a los sitios clandestinos: los mensajes promocionales de plataformas legales también forman parte del entorno cotidiano de chicos y chicas.
El oficialismo había rechazado la iniciativa en Diputados y, cuando obtuvo media sanción, desde la Casa Rosada dejaron trascender que Milei la vetaría si llegaba a convertirse en ley. Después presentó su propio proyecto, que fue enviado al Senado en mayo, pero tampoco avanzó en las comisiones. Así, el Gobierno mantiene paralizada la regulación más amplia mientras su alternativa no sale del papel y deja intactos buena parte de los mecanismos comerciales del juego legal.
Con el vencimiento parlamentario cada vez más cerca, la discusión ya no es solamente si el Congreso va a actuar frente a la ludopatía. También es qué modelo de regulación quiere el Gobierno: uno que limite la promoción de las apuestas en todos los ámbitos o uno que concentre los controles en el mercado ilegal y preserve la publicidad de las empresas autorizadas. Por ahora, la demora beneficia a un negocio que sigue llegando a millones de personas, mientras la protección de los adolescentes queda relegada.