Operación del Gobierno en la Causa ANDIS: difundió una pericia que la Justicia todavía no recibió
El Gobierno de Javier Milei salió a instalar que los audios atribuidos a Diego Spagnuolo eran falsos y habían sido manipulados, pero hay un problema: la Justicia todavía no recibió el informe de Gendarmería que la Casa Rosada presentó públicamente como una prueba contra las grabaciones. La difusión anticipada de supuestas conclusiones generó un fuerte cruce entre el relato oficial y lo que sostienen fuentes judiciales.
La maniobra se conoció el 29 de octubre, cuando desde el Gobierno hicieron trascender que un peritaje de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería había detectado cortes, discontinuidades, rasgos de regrabación e inconsistencias acústicas. El comunicado oficial fue más allá y sostuvo que no se podía determinar la autenticidad de los audios ni atribuir las voces a los imputados. Sin embargo, fuentes de la causa afirmaron que no había un informe final firmado ni conclusiones incorporadas al expediente. Este miércoles 4 de noviembre, la Justicia seguía esperando que Gendarmería enviara el documento.
La difusión oficial presentó el resultado como si fuera una confirmación de que las grabaciones eran falsas. Pero incluso el contenido atribuido al estudio es más limitado: no habría podido establecer su autenticidad ni descartar una posible manipulación. No poder certificar que un audio es auténtico no significa demostrar que fue fabricado, y mucho menos que la voz no sea la de Spagnuolo. Esa diferencia quedó prácticamente borrada en el mensaje que el Gobierno hizo circular.
Además, el propio desarrollo de la pericia expuso diferencias entre los especialistas. Según reveló Infobae, Gendarmería primero consideró apto para el cotejo uno de los audios más extensos, pero luego cambió de criterio y lo declaró no apto. Los peritos de la DATIP, el área técnica del Ministerio Público Fiscal, cuestionaron esa decisión y sostuvieron que el material sí podía compararse con una muestra de voz. La discusión llegó a incluir la posibilidad de realizar el estudio en las oficinas de la fiscalía. Esto no constituye una identificación definitiva de Spagnuolo, pero sí demuestra que no existía un consenso técnico que respaldara la versión difundida desde la Casa Rosada.
Hay otro dato que el Gobierno dejó en segundo plano: los audios no fueron utilizados por el fiscal Franco Picardi como prueba de cargo para solicitar los procesamientos. La acusación se apoyó en otros elementos reunidos durante la investigación, entre ellos documentación, comunicaciones extraídas de teléfonos y registros vinculados con las contrataciones y los pagos a proveedores. La causa avanzó con esos elementos y los procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal.
La difusión de un supuesto resultado pericial antes de que llegara formalmente a manos de la Justicia abre interrogantes sobre el uso político de una investigación judicial que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad y al entorno del Gobierno. La Casa Rosada intentó instalar que los audios quedaban desacreditados, pero el expediente todavía no cuenta con ese informe y los especialistas ni siquiera coinciden sobre la posibilidad de realizar el cotejo de voces. Mientras tanto, la investigación por las presuntas maniobras de corrupción en la ANDIS sigue adelante.
