Lo que esconde la crisis en el PAMI: Milei y su modelo de ajuste al descubierto

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el PAMI, atraviesa un escenario de deterioro creciente que combina pérdida del poder adquisitivo de sus trabajadores, desfinanciamiento estructural, tensiones en su conducción y un conflicto abierto con médicos de cabecera que ya afecta la atención en todo el país.

Desde el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA) advirtieron sobre un deterioro salarial “sin precedentes”, con ingresos que quedaron rezagados frente a la inflación y una consecuente caída en las condiciones de vida del personal. Según el gremio, este proceso se da en paralelo a un “vaciamiento” del organismo que impacta directamente en la calidad de las prestaciones para jubilados y pensionados.

“El escenario laboral se ha vuelto cada vez más hostil”, señalaron, al tiempo que denunciaron la falta de prestaciones sociosanitarias y decisiones de gestión que debilitan áreas clave. “Sin fondos, el PAMI no funciona”, resumieron.

Caos interno en el PAMI

El diagnóstico sindical encuentra respaldo y mayor profundidad en la investigación publicada por elDiarioAR, donde se describe un sistema atravesado por tensiones internas, reconfiguración de poder y problemas de gestión. En ese marco, el rol de funcionarios como, Mario Lugones -ministro de Salud-, Esteban Leguízamo -titular del PAMI-, Carlos Rojo – de la Asociación de Médicos Municipales, Carlos Zamparolo -segundo de la obra social-, y Guido Giana -viceministro de Salud- aparecen asociados a distintas áreas de decisión dentro de un esquema que, según la nota, carece de una conducción unificada.

De acuerdo con ese informe, en el organismo “empieza a consolidarse una dinámica de transferencia de recursos hacia el sector privado”, a través de la derivación de cápitas y contratos que reconfiguran el rol histórico del Estado dentro del sistema. Esta lógica, sumada a disputas internas y superposición de líneas de mando, genera un cuadro de desorden que impacta directamente en la gestión.

“La superposición de capas tectónicas tiene efectos concretos en la gestión, especialmente en áreas sensibles como la social”, advierte la investigación, que describe una “falta de conducción clara” que deriva en “inacción” y, en algunos sectores, directamente en “parálisis total”.

Paro nacional de médicos de cabecera

A este escenario se suma el conflicto con médicos de cabecera, que profundiza el deterioro del sistema. Tal como informó Mundo Gremial, los profesionales llevaron adelante un paro nacional de 72 horas en rechazo a cambios en sus condiciones laborales y salariales, lo que generó una fuerte afectación en la atención a afiliados en todo el país.

Desde SUTEPA también alertaron sobre modificaciones unilaterales en las condiciones de trabajo de médicos y odontólogos, lo que —afirman— pone en riesgo la atención básica de salud. En paralelo, remarcaron que mientras los ingresos de prestadores y proveedores lograron acompañar parcialmente la inflación, los salarios del personal del organismo permanecen rezagados.

El sindicato vinculó el desfinanciamiento a la política económica nacional, señalando la caída de ingresos por la eliminación del impuesto PAIS, la disminución de la recaudación de ANSES y las restricciones presupuestarias. “El desfinanciamiento es político y los que sufren siempre son los mismos: las personas mayores y las y los trabajadores”, afirmaron.

PAMI, un sistema en crisis

En este contexto, el deterioro del PAMI no aparece como un fenómeno aislado, sino como parte de una crisis más amplia que impacta sobre el conjunto del mundo laboral. Según remarcaron, el 60% de los asalariados formales ya recorta consumos básicos y alimentos.

Frente a este panorama, los trabajadores del organismo exigieron medidas urgentes, entre ellas un aumento salarial inmediato, la distribución del Fondo de Capacitación para todo el personal, el respaldo a los reclamos de médicos de cabecera y el cumplimiento de las leyes que garantizan derechos a las personas mayores.

Con un sistema tensionado entre el ajuste, las internas de conducción y la creciente dependencia de prestadores privados, el PAMI enfrenta una crisis que ya no solo se mide en números, sino en la calidad y el acceso efectivo a la atención de millones de jubilados y pensionados en todo el país.

Las deudas del PAMI

El PAMI tiene en la actualidad una deuda con sus prestadoras que alcanza los $500.000 millones, según precisaron fuentes oficiales. El organismo les adeuda a clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. Con el conflicto en ciernes, el ministro Lugones recurrió la semana pasada al Ministerio de Economía, liderado por Luis “Toto” Caputo, para explorar un auxilio financiero.

A la par, la crisis del PAMI también impacta en la cadena de provisión de medicamentos. Este medio accedió a un comunicado del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, que advierte: “Atención. Las farmacias en situación crítica. Informamos a nuestros pacientes que, ante la falta de pago de las prestaciones por parte del PAMI, nos encontramos en una situación financiera crítica que dificulta la reposición de medicamentos”. Si bien remarcan que mantendrán la atención a los afiliados, aclaran que “la entrega de medicación quedará estrictamente sujeta al stock disponible en cada local”.

Hace ocho días hubo un encuentro entre los ministros Lugones y Caputo. No hubo una resolución para enfrentar el pasivo del PAMI y, desde la cartera de Salud, sugirieron en reserva que hay una demora en la transferencia de fondos para hacer frente a las demandas.

Desde la Casa Rosada, en tanto, ayer relativizaron el conflicto interno y se mostraron confiados en una pronta resolución de la crisis de pagos que enfrenta al PAMI con sus prestadores. “Algún mecanismo va a haber. Va a haber algún tipo de acuerdo. Hay solo un mes de atraso”, justificaron voceros oficiales ante las consultas sobre cómo pensaba el Gobierno resolver el conflicto que hasta llegó a ser tema en el AmCham Summit 2026, encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Allí, Lugones afirmó ayer que “el PAMI está pagando”.

La semana pasada, cuando el choque con los médicos de cabecera de la obra social de los jubilados y pensionados, que serían unos 8000, parecía inminente, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, publicó un comunicado en el que tomaba distancia del conflicto. “Toda información, consulta y gestión vinculada a dichas áreas corresponden ser canalizadas a través de las autoridades competentes de Salud”, especificó el breve texto que se difundió en la red social X. El mensaje dejó al descubierto los cortocircuitos dentro del gabinete nacional.

El PAMI cuenta con un presupuesto anual de más de 10 billones de pesos, pero en la actualidad no contaría con los recursos para afrontar la deuda reclamada por los prestadores. La obra social de los jubilados está a cargo de Esteban Leguízamo, cuya gestión quedó en la mira por una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra de lentes intraoculares.

La Federación de Clínicas Bonaerenses (Fecliba) le envió el 1° de abril una carta a Leguízamo en la que le advirtió que era necesario para mantener la atención “recomponer el circuito de pago de las prestaciones” y pidió establecer un cronograma de pagos. Además, exigió actualizar los valores de las prestaciones, “adecuándolos a la realidad de los costos actuales, incorporando mecanismos automáticos de ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que eviten nuevos desfases”. La carta de los empresarios, firmada por Jorge Soria y Néstor Porras, cerró con otra alerta: “La magnitud del escenario descripto impone la necesidad de avanzar en definiciones que permitan preservar la continuidad de los ser vicios y evitar mayores niveles de deterioro en la red prestacional”.