En esa línea, sostuvo que muchas personas simplemente “hicieron un mal cálculo” y planteó que la experiencia debería servir como aprendizaje. “Al que le pasa una vez, no le vuelve a pasar”, afirmó.

El planteo de Lemoine genera un fuerte contraste con las políticas que el propio oficialismo viene impulsando para quienes tienen dinero no declarado. Mientras para las familias endeudadas la respuesta es que deben asumir individualmente las consecuencias y aprender de sus errores, el Gobierno avanzó con nuevas herramientas de “inocencia fiscal” y blanqueo destinadas a facilitar el ingreso de capitales que permanecían fuera del sistema.

De hecho, Lemoine votó a favor de la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y aprobada recientemente en la Cámara de Diputados. El proyecto amplía el régimen simplificado y busca incentivar el ingreso al sistema formal de fondos que permanecen sin declarar.

La contradicción queda expuesta en el propio criterio utilizado por la diputada: para una familia que se endeudó y no puede pagar, la salida es no recibir ayuda porque debe “aprender” de lo ocurrido. Para quienes tienen fondos sin declarar, en cambio, el oficialismo promueve mecanismos que buscan facilitar su regularización y regreso al circuito formal.

El problema del endeudamiento familiar, además, está lejos de ser marginal. Millones de argentinos recurren a tarjetas, préstamos personales y billeteras virtuales para afrontar gastos cotidianos, mientras la morosidad viene creciendo con fuerza.

Así, el discurso de Lemoine vuelve a poner sobre la mesa una diferencia que atraviesa buena parte de la política económica del Gobierno: la responsabilidad individual aparece como argumento cuando se trata de familias que no pueden pagar sus deudas, mientras el Estado interviene para generar condiciones más favorables para quienes buscan regularizar dinero que permanecía fuera del sistema.