La reforma laboral prometía empleo, pero trajo menos trabajo registrado y más precarización
Por Patricio da Torre
La reforma laboral de Javier Milei se presentó como la llave para crear empleo formal y facilitar las contrataciones. Ocho meses después de su sanción, los indicadores muestran un panorama muy distinto: cayó el trabajo registrado, la informalidad llegó al 45% y la desocupación alcanzó el nivel más alto de la gestión. La promesa de modernización choca con un mercado laboral cada vez más frágil.
La Ley 27.802 fue aprobada en marzo de 2026 con el argumento de que reducir los costos y flexibilizar las condiciones de contratación iba a incentivar a las empresas a incorporar trabajadores. Sin embargo, desde su sanción los puestos registrados disminuyeron un 0,9%, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La tasa de nuevas incorporaciones, que en febrero representaba el 2% de los ocupados, cayó al 1,6% en junio y apenas se recuperó al 1,8% en agosto.
El deterioro no se limita al empleo formal. Según el INDEC, la informalidad pasó del 43,2% al 45% de la población ocupada entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. Más de seis millones de personas trabajan sin registro, mientras que durante el último año se sumaron unos 348.000 puestos informales, principalmente bajo modalidades de trabajo por cuenta propia, de acuerdo con el Monitor de la Reforma Laboral del Instituto Argentina Grande.
La caída del empleo privado registrado, además, viene de antes de la aprobación de la ley y se profundizó durante la gestión libertaria. El sector acumula 13 meses consecutivos de retroceso y perdió alrededor de 241.200 puestos desde la llegada de Milei al Gobierno. Si se toma como referencia noviembre de 2023, la pérdida alcanza unos 266.000 empleos, equivalente a una reducción del 4,2%. El número de trabajadores registrados quedó en niveles similares a los de mayo de 2014.
Hay otro dato que expone la desconexión entre el crecimiento económico y la creación de trabajo: entre noviembre de 2023 y julio de 2026, la actividad acumuló una expansión neta del 2,2%, mientras que el empleo asalariado privado cayó más del 4%. Es decir, la recuperación de algunos indicadores de la economía no se tradujo en más puestos formales. A esto se suma que la desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, frente al 7,6% de un año antes y el registro más alto desde que Milei asumió la Presidencia.
Incluso desde el propio Gobierno aparecieron señales de preocupación. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y uno de los principales impulsores de la reforma, reconoció que no está conforme con la respuesta de los empresarios frente a los cambios aprobados. “No estoy conforme con la respuesta de los empresarios con la reforma laboral”, admitió. También cuestionó la resistencia a modificar los convenios colectivos y sostuvo que muchos empleadores prefieren que el Estado intervenga en las negociaciones.
El problema es que, mientras el oficialismo responsabiliza a los empresarios por no aprovechar las nuevas condiciones, los trabajadores enfrentan un escenario de pérdida de puestos, salarios debilitados y mayor informalidad. El salario mínimo acumula una caída real del 40,8% desde noviembre de 2023, mientras que el empleo privado formal continúa retrocediendo. La flexibilización, por sí sola, no generó el volumen de contrataciones que el Gobierno esperaba.
Los datos de estos primeros meses no permiten atribuir toda la caída del empleo a la reforma: el deterioro del mercado laboral ya estaba en marcha antes de su aprobación y responde a múltiples factores económicos. Pero sí permiten poner en cuestión la promesa central con la que fue presentada. La ley que iba a impulsar el empleo registrado todavía no muestra ese resultado: lo que crece es la informalidad y lo que se pierde son puestos de trabajo con derechos.
