La situación salarial es crítica. La empresa adeuda hasta tres quincenas y no habría depositado los aportes jubilatorios, de obra social, seguros y cuotas sindicales que retuvo de los sueldos. El viernes anterior apenas acreditó 100.000 pesos por trabajador, una suma insuficiente frente a la deuda acumulada. En la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo de Córdoba no hubo acuerdo. “Nos retiramos sin nada, sin respuesta”, denunció Lucas Sarmiento, secretario general de la UOM de San Francisco.
El deterioro financiero de Pauny también aparece en los registros bancarios: la compañía acumuló 146 cheques rechazados por más de $1.028 millones entre el 13 y el 23 de octubre, mientras que su deuda con entidades financieras superaba los $30.800 millones, según los datos relevados por la prensa. El Banco Nación concentra cerca del 70% de ese pasivo. La empresa busca inversores para conseguir fondos frescos, pero hasta ahora no hay una salida concreta que garantice el pago de los salarios y la continuidad de la producción.
Detrás de la crisis aparece el derrumbe de las ventas de maquinaria agrícola y el avance de los tractores importados. En septiembre se patentaron 401 unidades en el país, un 22,6% menos que en el mismo mes de 2025. Los equipos importados ya representan alrededor del 19% del mercado y, según denuncian desde el gremio, los modelos asiáticos llegan a competir con precios que la producción nacional no puede igualar. La apertura comercial impulsada por el Gobierno profundiza la presión sobre una industria que necesita financiamiento, escala y demanda para sostener sus fábricas.
El impacto va mucho más allá de los trabajadores directos. Pauny nació en 2002, después de la quiebra de Zanello, y se convirtió en una de las principales fabricantes nacionales de tractores. Su actividad sostiene una red de talleres y pequeñas industrias de Las Varillas que producen llantas, caños de escape, piezas plásticas, mangueras y otros componentes. Cuando la fábrica frena, el golpe se traslada a proveedores, comercios y familias de toda la región.
La gravedad del conflicto también se refleja en las denuncias de la UOM: hay trabajadores que se endeudaron con tarjetas para sobrevivir, familias que enfrentan desalojos y empleados que no pueden afrontar sus gastos básicos. Mientras la empresa busca un inversor y el Gobierno nacional sostiene la apertura de importaciones, 450 trabajadores esperan cobrar lo que ya trabajaron y saber si tendrán un puesto al que volver.