La motosierra necesita deuda: pidió US$ 300 millones para financiar 21.000 despidos en el Estado
El gobierno de Javier Milei tomó nueva deuda por US$ 300 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar un plan que busca reducir unos 21.000 puestos de trabajo en el Estado nacional. La decisión expone una contradicción en el corazón del programa libertario: mientras la Casa Rosada justifica los despidos y el achique del sector público en nombre del ahorro, recurre a financiamiento externo para pagar las desvinculaciones.
La operación fue dispuesta mediante el decreto 1177/2026, mientras que el decreto 1023/2026 habilitó un régimen de retiros voluntarios para trabajadores de planta permanente de distintos organismos públicos. La iniciativa está bajo la órbita del Ministerio de Modernización, conducido por Federico Sturzenegger, y forma parte de la política de reducción del empleo estatal impulsada por la administración libertaria.
El mecanismo prevé una compensación económica para quienes se incorporen al programa. Ese desembolso requiere fondos y el Gobierno decidió recurrir al BID para obtenerlos. De esta manera, el ajuste que se presenta como una herramienta para reducir el gasto público empieza con una nueva obligación financiera para el Estado.
El BID es un organismo multilateral que financia proyectos de desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe. En este caso, el préstamo queda vinculado a un programa de transformación de la administración pública que incluye el financiamiento de los retiros.
La contradicción política es evidente: el Gobierno que convirtió la motosierra en su principal símbolo de gestión toma deuda para ejecutar el recorte de puestos de trabajo. La reducción de personal puede implicar un ahorro futuro en salarios, pero las indemnizaciones y los costos de implementación tienen un precio inmediato que también debe financiarse.
Además, los US$ 300 millones constituyen un monto de financiamiento, no un ahorro garantizado. El resultado fiscal dependerá de cuánto cueste el programa, cuántos trabajadores adhieran, cómo se utilicen los fondos y qué reducción efectiva del gasto se produzca con el tiempo.
Más de 20.000 puestos de trabajo en la mira
El plan apunta a reducir aproximadamente 21.000 puestos de trabajo en la administración pública nacional. Aunque el régimen se presenta como de adhesión voluntaria, la medida se inscribe en una política de achicamiento estatal que ya impactó sobre organismos y dependencias públicas.
El antecedente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) muestra las dificultades de implementar este tipo de programas: meses atrás, una iniciativa similar fue rechazada por el directorio del organismo, que advirtió que no contaba con los fondos necesarios para financiarla.
Ahora, con el respaldo del préstamo del BID, la administración nacional busca avanzar con el plan de desvinculaciones. La discusión no se limita al costo de las indemnizaciones: también involucra el futuro de los servicios públicos, la capacidad operativa de los organismos y las consecuencias laborales para miles de familias.
La pregunta que deja el anuncio es cuánto terminará costando el ajuste y quién asumirá esa cuenta. Milei promete reducir el gasto del Estado, pero para financiar una nueva ola de retiros recurre a deuda externa. La motosierra, esta vez, también necesita crédito.
