Escándalo en la Armada: denuncian una maniobra con sueldos irregulares por casi $1.000 millones
La Armada Argentina denunció ante la Justicia una presunta maniobra de corrupción interna que habría generado 645 acreditaciones indebidas de haberes por $981.148.567,88 entre julio de 2022 y enero de 2026. La investigación administrativa identificó hasta el momento a 23 beneficiarios, entre militares, personal civil, retirados y personas que no tenían ningún vínculo laboral con la fuerza.
El caso comenzó a detectarse en febrero de este año, cuando una revisión de los haberes de enero encontró que cinco agentes habían cobrado suplementos que no les correspondían. Los involucrados devolvieron el dinero, pero la Armada decidió ampliar la investigación hacia períodos anteriores para determinar si se trataba de errores aislados o de una maniobra sistemática.
La auditoría encontró diferencias entre las liquidaciones de haberes, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco Nación. Según la denuncia, se modificaban determinados registros antes de enviar los archivos definitivos al banco, lo que permitía aumentar importes o incorporar pagos que no tenían respaldo en las liquidaciones oficiales.
El mecanismo investigado tenía además un segundo paso: después de enviar los archivos con las modificaciones, los registros eran restituidos a sus valores originales. De esa manera, las diferencias no quedaban reflejadas en los recibos de sueldo que aparecían en el sistema de la Armada, aunque el banco ya había recibido una orden de pago por un monto diferente.
Uno de los datos más llamativos de la investigación es que cuatro personas que no tenían relación laboral o funcional con la Armada recibieron en conjunto $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del total de las acreditaciones irregulares detectadas.
Una de ellas, identificada como Prieto, recibió 46 acreditaciones por un total de $152.259.495,86. La mujer es esposa del capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien aparece como el principal acusado de haber organizado la maniobra.
Según consta en la denuncia, Atanasoff reconoció durante la investigación administrativa que conocía las acreditaciones realizadas a esas personas y que los pagos se cargaban manualmente. De acuerdo con el expediente, también manifestó que la finalidad era “favorecer económicamente a dichas personas” y que él decidía las operaciones, los beneficiarios y los montos.
La Justicia deberá determinar ahora el alcance de esas declaraciones y establecer si hubo otras personas involucradas.
La investigación también detectó otros casos bajo análisis, entre ellos el de un capitán de Corbeta contador que habría cobrado haberes en Argentina durante períodos en los que estaba destinado en una misión en el exterior. También se investigan pagos a su esposa durante una licencia sin goce de haberes.
La Armada separó al principal acusado y modificó el sistema de pagos
Cuando aparecieron las primeras inconsistencias, Atanasoff todavía no estaba vinculado con la maniobra y, por su cargo, recibió instrucciones para reforzar los controles. Sin embargo, la investigación histórica terminó detectando la relación entre uno de los principales beneficiarios y el oficial.
En agosto, cuando se identificó a Prieto como una de las personas que había recibido los pagos y se confirmó su vínculo matrimonial con Atanasoff, apareció el primer elemento objetivo que relacionaba al funcionario con las acreditaciones investigadas.
A partir de entonces, Atanasoff fue relevado preventivamente y la Armada resguardó los equipos utilizados para preparar y transmitir los archivos de pago al Banco Nación.
Además, la fuerza modificó el circuito de liquidación: desde marzo, la tramitación de las acreditaciones ante el banco quedó en manos del Departamento Tesorería, mientras que Contabilidad pasó a realizar una conciliación independiente de las cuentas utilizadas para pagar los haberes.
Parte del dinero ya fue devuelta. Al momento de la denuncia, los reintegros alcanzaban los $42.574.267,63, por lo que quedaban pendientes de recuperar unos $938,5 millones sobre el monto histórico detectado.
La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar cuánto dinero fue efectivamente desviado, cuál fue su destino y qué responsabilidad tuvo cada una de las personas involucradas.
Por ahora, la investigación administrativa estableció un piso concreto: 645 acreditaciones consideradas indebidas, 23 beneficiarios identificados y casi $1.000 millones involucrados en una maniobra que se habría extendido durante más de tres años.
