El plan de Trump para América Latina y su brutal aplicación en Venezuela
Por Óscar Laborde - Director del Instituto de Estudios de América Latina (IDEAL)
La política exterior de Estados Unidos atraviesa una profunda redefinición. No porque haya abandonado sus objetivos históricos sobre América Latina, sino porque el escenario internacional cambió. El ascenso de China, el desgaste de la hegemonía estadounidense y la crisis de liderazgo de Occidente obligan a Washington a reorganizar sus prioridades. En ese contexto debe leerse la Estrategia de Seguridad Nacional presentada por la Casa Blanca en noviembre de 2025.
El documento constituye una actualización de la Doctrina Monroe. Aunque la administración de Donald Trump la presenta como una nueva doctrina, lo cierto es que recupera el viejo principio según el cual América Latina debe permanecer bajo la influencia exclusiva de Estados Unidos. La diferencia es que ahora esa pretensión se justifica como respuesta a un mundo multipolar en el que Washington reconoce que ya no posee la capacidad de imponer unilateralmente sus decisiones.
El propio informe admite el crecimiento de China como principal desafío estratégico y describe a Europa como un aliado debilitado, con escasa capacidad para sostener el liderazgo occidental. La conclusión es evidente: si Estados Unidos ya no puede garantizar su predominio global, reforzará su control sobre aquello que históricamente consideró su área de influencia.
La estrategia lo expresa sin eufemismos al afirmar que, “tras años de abandono”, volverá a hacer valer la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental.
Ese rumbo se profundizó en marzo de 2026, cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, presentó el concepto de la “Gran América del Norte”. El espacio estratégico delimitado incluye desde Ecuador, Venezuela, Colombia, las Guyanas y el Caribe hasta México, Canadá y Groenlandia. La explicación oficial vuelve a ser la necesidad de contener la presencia china, pero el resultado práctico consiste en establecer un perímetro geopolítico bajo tutela estadounidense.
Hace apenas unos días apareció una tercera columna en esta estrategia de dominación de Estados Unidos. Durante una reunión ministerial, el secretario de Estado Marco Rubio presentó la idea del resurgimiento del terrorismo de izquierda. La definición resulta deliberadamente imprecisa. No identifica organizaciones concretas, sino que alude a dirigentes, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales que, bajo consignas como la libertad, la justicia social, la igualdad o la autonomía, podrían convertirse en amenazas para la seguridad.
No se trata de una simple discusión semántica. Antes fueron el narcoterrorismo y el terrorismo islámico las categorías utilizadas para justificar intervenciones. Ahora el enemigo pasa a ser cualquier expresión política o social que cuestione el orden regional promovido por Washington. La amplitud del concepto habilita nuevas formas de injerencia política, judicial e incluso militar.
Esta estrategia no representa una ruptura con el pasado, sino su continuidad. Estados Unidos nunca dejó de considerar a América Latina como un espacio subordinado a sus intereses. Las dictaduras militares, el respaldo a gobiernos neoliberales y, más recientemente, el lawfare y las operaciones de desestabilización persiguieron un mismo objetivo: impedir el surgimiento de proyectos soberanos e integracionistas capaces de disputar autonomía económica y política.
Durante la primera década de este siglo esa lógica encontró un límite. La consolidación del Mercosur, la incorporación de Venezuela, la creación de la UNASUR y de la CELAC expresaron una etapa de mayor integración regional y ampliaron los márgenes de decisión de nuestros países. No casualmente, ese proceso fue luego objeto de una ofensiva destinada a desmontarlo.
Es en ese marco donde debe analizarse la situación venezolana. Desde 2017 el país soportó un bloqueo económico acompañado por sanciones y amenazas permanentes, que provocaron un profundo desmoronamiento de la economía venezolana. La producción petrolera, principal fuente de ingresos del país, sufrió una fuerte caída y, como consecuencia, se deterioraron gravemente las condiciones sociales de la población. A ello se sumó un creciente proceso de desestabilización política.
El 3 de enero esa estrategia alcanzó un nuevo nivel. Estados Unidos invadió durante unas horas territorio venezolano, asesinó a militares venezolanos, bombardeó aeropuertos y secuestró al presidente Nicolás Maduro. La expectativa era que esos hechos provocaran una reacción de la oposición y un cambio de gobierno. Al no ocurrir ese escenario, Estados Unidos amenazó a la conducción chavista con una invasión de mayor escala y con el bombardeo permanente del país, dejando como única alternativa aceptar condiciones que limitaron el funcionamiento soberano de Venezuela.
Esta aceptación es, por ahora, una decisión táctica. Así lo ha transmitido la conducción del gobierno a sus allegados, recordando lo expresado por el comandante Hugo Chávez luego de la insurrección de 1992: cuando la correlación de fuerzas no permite alcanzar los objetivos, preservar el proceso también forma parte de la lucha. La apuesta es generar las condiciones internas y externas que permitan recuperar plenamente el ejercicio de la soberanía.
La nueva doctrina estadounidense parte del reconocimiento de un hecho: su poder relativo ha disminuido. Pero lejos de aceptar ese cambio, intenta compensarlo reforzando su dominio sobre América Latina. Lo que hoy sucede en Venezuela no constituye un episodio aislado. Es la expresión más visible de una estrategia destinada a recuperar la preeminencia de Estados Unidos sobre una región que, una vez más, vuelve a ser considerada su patio trasero.
Habrá que seguir atentamente, por la influencia que tendrá en América Latina esta puja entre la intención de dominación y la supervivencia con la esperanza de que se pueda retomar la soberanía plena.
