El Ministerio de Seguridad no detuvo a ninguno de los encapuchados
El Ministerio de Seguridad denunció a los manifestantes que rompieron bancos y veredas durante la quinta Marcha Federal Universitaria, pero ninguno de los encapuchados señalados por protagonizar los destrozos había sido detenido al día siguiente de los incidentes. La movilización frente al Congreso terminó con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y una fuerte represión policial, mientras la comunidad universitaria reclamaba que Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
La plaza amaneció con bancos destruidos y restos de baldosas y cascotes. “Miren este banco, quedó completamente destrozado”, describió la periodista Paula Avellaneda en C5N. La cronista agregó que la mayoría de los escombros ya habían sido retirados, aunque todavía quedaban algunos sobre la avenida Rivadavia, donde se concentró parte de la represión, que se extendió durante aproximadamente tres horas.
📌 Postales tras la represión Así quedó la plaza frente al Congreso tras la Marcha Federal. Bancos rotos, veredas destruidas y restos de los incidentes provocados por personas encapuchadas e infiltradas. @PaulaAvellaned3 📲Seguí el vivo: https://t.co/eflU7hxbID
— C5N (@C5N) October 16, 2026
Durante los incidentes, un hombre encapuchado también agredió al equipo periodístico de C5N. El camarógrafo Carlos Sjodin recibió un golpe en el labio cuando intentaba filmar al hombre, que llevaba una mochila y se negó a explicar qué hacía en el lugar. El movilero Adrián Salonia contó que el agresor volvió a acercarse al equipo y lanzó amenazas. Una manifestante aclaró que no era estudiante y cuestionó que su accionar perjudicara a quienes se habían movilizado en defensa de la universidad pública.
En paralelo, el diputado nacional Esteban Paulón, de Provincias Unidas, presentó un proyecto para que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dé explicaciones en la Cámara baja por el operativo. “Queremos que la Ministra venga a explicar los gases lacrimógenos en el Palacio, la represión desatada sin ningún motivo y un nuevo operativo totalmente desquiciado”, escribió en redes sociales.
Monteoliva defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y responsabilizó a quienes protagonizaron los disturbios. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, afirmó. Y agregó: “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”.
El Gobierno informó que presentó una denuncia penal por los incidentes, que incluyó acusaciones por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. Según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, los destrozos fueron estimados en alrededor de 90 millones de pesos. Sin embargo, al día siguiente de la marcha no se había informado la detención de los encapuchados señalados por romper el mobiliario urbano.
La movilización había reunido a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades universitarias para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento. La investigación de los destrozos y de las agresiones debe avanzar, al igual que el esclarecimiento del accionar policial durante una protesta que terminó atravesada por la represión.
