El juez federal Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por presuntas maniobras de corrupción en la compra de insumos ortopédicos. La medida también alcanza a su ex número dos, Daniel Garbellini, a Miguel Ángel Calvete, Ornella Calvete y a un grupo de empresarios vinculados con las firmas proveedoras del organismo.
La resolución amplía la investigación sobre un esquema que habría combinado contrataciones direccionadas, sobreprecios y sobornos. Según el relevamiento incorporado a la causa, las diferencias de precios detectadas en medicamentos e insumos superan los $7.833 millones. El monto es provisorio y parcial, ya que surge de las operaciones que pudieron compararse con valores de referencia.
En el rubro de insumos, el análisis técnico del Ministerio de Salud identificó diferencias de al menos $1.849 millones. Esa cifra se suma a los casi $5.985 millones detectados previamente en compras de medicamentos. La investigación abarcó seis segmentos: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología.
A los imputados se les atribuyen, según cada caso, los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada contra la administración pública. En algunos tramos también se investigan maniobras de lavado de activos. La resolución, sin embargo, dictó la falta de mérito para otras 11 personas y ordenó profundizar la investigación sobre ellas.
El fallo sostiene que la operatoria habría funcionado mediante la selección arbitraria de proveedores, el uso de información privilegiada y la simulación de competencia entre empresas. Según la resolución, las maniobras no habrían sido hechos aislados, sino parte de una estructura coordinada entre funcionarios, intermediarios y empresarios para favorecer intereses privados a costa del Estado.
La causa está a cargo del fiscal Franco Picardi. El nuevo procesamiento amplía las imputaciones sobre las compras de insumos y se suma a la investigación por las irregularidades en la adquisición de medicamentos dentro de la ANDIS. Se trata de procesamientos judiciales, no de condenas definitivas.