El Tribunal Oral Federal N° 5 comenzó a juzgar a Eduardo Enrique Massera, hijo del excomandante de la Armada Emilio Eduardo Massera, junto a otros siete integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, por una causa que investiga el desapoderamiento de bienes de personas secuestradas durante la última dictadura.
Es la primera vez desde la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad que un integrante de la familia Massera se sienta en el banquillo de los acusados. El proceso analiza hechos ocurridos entre 1977 y 1981 que tuvieron como víctimas a nueve personas.
Secuestrar, desaparecer y también quedarse con los bienes
La acusación fiscal sostiene que el aparato represivo de la ESMA no solamente secuestraba, torturaba y hacía desaparecer personas: también había una estructura destinada a apropiarse sistemáticamente de sus bienes. Muebles, electrodomésticos, ropa, dinero y objetos personales eran saqueados y concentrados en el llamado “pañol grande” de la ESMA para luego ser vendidos o repartidos entre integrantes del Grupo de Tareas.
El mecanismo iba mucho más allá del saqueo de las viviendas. Según la investigación, una vez secuestrada una persona, los represores averiguaban qué propiedades y otros bienes tenía y utilizaban documentación falsa, identidades ficticias, amenazas y extorsiones para transferirlos a integrantes del grupo o a personas vinculadas con ellos. También creaban sociedades e inmobiliarias para darle apariencia legal a las operaciones y vender los inmuebles obtenidos.
Uno de los casos investigados es el de Víctor Basterra. Mientras permanecía secuestrado en la ESMA, integrantes del Grupo de Tareas presionaron a su madre para que entregara la vivienda familiar de Valentín Alsina. La mujer fue llevada a una escribanía y, bajo la amenaza de que estaba en juego la vida de su hijo, terminó otorgando un poder para vender la propiedad. La casa fue vendida por 32 millones de pesos y ella nunca recibió el dinero.
Otro de los casos es el de Chacras de Coria, en Mendoza, donde la acusación reconstruye cómo fueron secuestrados los integrantes de la sociedad Cerro Largo y cómo sus tierras, unas 25 hectáreas de alto valor, fueron posteriormente canalizadas mediante sociedades vinculadas con los represores.
Entre los acusados también están Jorge Eduardo Acosta, conocido como “el Tigre”, Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Alberto González, Juan Carlos Rolón, Juan Antonio Azic y Adolfo Donda Tigel, todos vinculados al Grupo de Tareas de la ESMA. En el caso de Massera hijo, la fiscalía sostiene que se incorporó a la asociación ilícita a comienzos de 1977 y que intervino en la estructura jurídica y societaria utilizada para canalizar los bienes.
El juicio reúne las investigaciones conocidas como “Chacras de Coria” y “Bienes Basterra” y busca determinar las responsabilidades penales por esas maniobras de apropiación. La próxima audiencia será el 14 de octubre, cuando continuará la lectura de las acusaciones antes de avanzar con las declaraciones de los imputados y los testimonios.