Cómplices: la Justicia vuelve a dejar en pie el DNU que permite vender tierras a extranjeros sin límites
La Justicia volvió a mantener vigente el esquema que permite la compra de tierras rurales argentinas por parte de extranjeros sin los límites que establecía la Ley de Tierras, luego de rechazar el pedido de los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para suspender de manera inmediata el artículo 154 del DNU 70/2023.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1, a cargo de Enrique Alonso Regueira, desestimó la medida interina solicitada por los legisladores y decidió darle al Gobierno cinco días hábiles para presentar su respuesta antes de resolver la medida cautelar. Mientras tanto, la derogación de la Ley de Tierras continúa vigente.
La decisión se produce pocos días después de que la Corte Suprema dejara nuevamente vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley 26.737. Esa norma establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% para la superficie de tierras rurales que podía quedar en manos extranjeras, además de topes por nacionalidad y por titular.
El máximo tribunal no declaró que la derogación de la Ley de Tierras fuera constitucional. Su decisión se concentró en una cuestión procesal: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había iniciado la demanda, no tenía legitimación suficiente para plantear ese caso. En consecuencia, quedó nuevamente habilitado el régimen establecido por el DNU.
Ahora, el pedido presentado por Pichetto y Massot buscaba volver a frenar esa situación mientras se discute judicialmente la validez de la medida. Los diputados advirtieron que, mientras la Justicia demora una definición, podrían concretarse nuevas operaciones de venta de tierras a capitales extranjeros.
El propio Pichetto cuestionó la resolución y sostuvo que solicitó reducir el plazo otorgado al Gobierno porque “mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional”.
El problema no es menor: según datos relevados por Chequeado, la superficie rural en manos extranjeras aumentó 6,25% entre 2018 y 2026, y aunque ninguna provincia supera actualmente el antiguo límite nacional del 15%, 31 departamentos sí lo exceden y 14 están incluso por encima del 25%.
De esta manera, mientras el Congreso todavía debe discutir el futuro del DNU 70/2023, la Justicia mantiene abierto el camino para que continúe vigente una de las reformas más controvertidas del decreto: la eliminación de los límites nacionales a la extranjerización de tierras rurales.
