La Justicia declaró inconstitucional el decreto con el que Milei frenó el financiamiento universitario
La Justicia declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno de Javier Milei había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pese al veto presidencial. El juez federal Martín Cormick sostuvo que el Ejecutivo utilizó un mecanismo “extraconstitucional” para volver a frenar una norma que el Congreso había ratificado con los dos tercios de los votos.
El magistrado hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades nacionales, docentes y la Universidad de Buenos Aires. La decisión alcanza al decreto 759/2025, que había promulgado la Ley 27.795 pero condicionado su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto.
Para Cormick, después de que Diputados y Senado insistieran con la ley tras el veto de Milei, el Poder Ejecutivo no tenía otra alternativa que promulgarla sin restricciones. “No parece existir, con posterioridad a esta insistencia, otro camino que no sea la promulgación, sin restricciones”, sostuvo.
El juez consideró que el Gobierno utilizó el decreto para producir, en los hechos, un nuevo veto que no está contemplado por la Constitución. “Ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional”, afirmó, y señaló que se configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
La resolución también rechazó el argumento oficial de que la ley no podía aplicarse porque no establecía de manera suficiente cómo financiar el aumento del gasto. Cormick recordó que la propia norma contemplaba mecanismos de financiamiento y facultades para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.
El fallo ordena al Gobierno cumplir inmediatamente con la Ley de Financiamiento Universitario y dictar las normas necesarias para su aplicación. La decisión se conoce mientras docentes y no docentes de las universidades públicas realizan medidas de fuerza para reclamar la recomposición salarial y el cumplimiento de la ley.
El nuevo revés judicial se suma a las decisiones anteriores que ya habían obligado al Gobierno a avanzar con la actualización de salarios, becas y partidas universitarias. En junio, la Corte Suprema había dejado firme una medida cautelar que ordenaba al Ejecutivo aplicar la norma.
