El Gobierno ante la pregunta de si un extranjero puede comprar una provincia: «Eso no es perder soberanía»

Ravier defendió así la eliminación de los límites que establecía la Ley de Tierras Rurales y que fueron derogados por el artículo 154 del DNU 70/2023.

La norma sancionada en 2011 establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, además de restricciones por nacionalidad y por titular. El DNU de Milei eliminó esas restricciones. La Corte Suprema, en septiembre, dejó nuevamente vigente esa derogación al revocar una sentencia que había frenado la aplicación del artículo 154.

El Gobierno sostiene que el objetivo es atraer inversiones y permitir que capitales extranjeros produzcan en Argentina.

Ravier lo explicó con una comparación: un extranjero puede comprar un campo en La Pampa, una finca para producir limones en Tucumán o tierras para desarrollar cultivos en otras provincias y, mientras respete las leyes argentinas, pague impuestos y genere actividad económica, la soberanía no estaría en discusión.

“Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser argentina”, insistió.

La afirmación resume la posición oficial frente a una discusión que, sin embargo, excede la cuestión de la nacionalidad del propietario.

¿Qué significa entonces perder soberanía?

El argumento del Gobierno parte de una definición estrictamente jurídica: comprar una propiedad no equivale a que un Estado extranjero incorpore ese territorio a su soberanía.

Pero la discusión sobre la tierra rural tiene otra dimensión: quién controla grandes extensiones del territorio, qué actividades desarrolla allí, qué recursos contienen y qué capacidad conserva el Estado argentino para establecer límites sobre esa concentración.

Ese fue precisamente uno de los motivos por los que la Ley de Tierras estableció límites a la propiedad extranjera.

No prohibía que un extranjero comprara un campo. Establecía un techo para evitar una concentración ilimitada.

La eliminación de ese techo cambia la discusión.

El propio relevamiento oficial muestra que ya existen 13,3 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras. Desde 2018 esa superficie aumentó unas 781.000 hectáreas, un 6,25%. Además, durante el gobierno de Milei se otorgaron 111 certificados de habilitación para compras de tierras por extranjeros: 35 en 2024, 29 en 2025 y 47 durante 2026.

Es decir: el debate no es hipotético.

El límite que el Gobierno decidió eliminar

La discusión actual comenzó con una ley que tenía una lógica muy concreta: impedir que la propiedad extranjera pudiera concentrarse indefinidamente.

El límite del 15% alcanzaba a cada provincia y municipio, mientras que también existían restricciones por nacionalidad y por titular.

Con la derogación impulsada por Milei, esos límites nacionales dejaron de regir.

Por eso la pregunta del periodista a Ravier adquiere particular relevancia.

Porque si la respuesta oficial es que comprar tierras no afecta la soberanía, independientemente de la extensión adquirida, entonces el debate deja de ser solamente cuánto territorio puede quedar en manos extranjeras.

Pasa a ser si el Estado considera que existe algún límite territorial a partir del cual la concentración de propiedad extranjera puede convertirse en un problema de interés nacional.

Y la respuesta del Gobierno, por ahora, parece ser que ese límite no está determinado por la cantidad de hectáreas.

“No estamos vendiendo la Argentina”

Ravier insistió durante su explicación en separar la propiedad privada de la soberanía estatal.

Según su razonamiento, un extranjero puede ser propietario de una tierra, explotarla, contratar trabajadores, producir y exportar, pero el territorio continúa sometido a las leyes argentinas.

“No significa venderle la tierra a un país extranjero”, aclaró.

El argumento permite establecer una diferencia importante: una persona o empresa extranjera no adquiere soberanía sobre el territorio argentino por comprar una propiedad.

Pero eso no elimina la discusión política sobre la conveniencia de permitir una concentración cada vez mayor de tierras en manos de capitales extranjeros.

De hecho, ese era el objetivo de la legislación que el Gobierno decidió eliminar.

El debate que queda abierto

La posición de Ravier expone con claridad cuál es la concepción del Gobierno sobre la propiedad territorial: la nacionalidad del propietario no debería ser un límite para la inversión, mientras la actividad se encuentre sometida a las leyes argentinas.

La oposición y distintos sectores sociales sostienen una mirada diferente y consideran que la concentración de tierras en manos extranjeras puede comprometer intereses estratégicos, especialmente cuando se trata de zonas de frontera, recursos naturales, cursos de agua o grandes extensiones productivas.

No se trata, por lo tanto, de afirmar que un extranjero que compra un campo automáticamente “se lleva” una parte de la Argentina.

La pregunta es otra: ¿cuánto territorio puede quedar bajo control de propietarios extranjeros antes de que el Estado considere que la concentración afecta un interés estratégico nacional?

El Gobierno acaba de dar una respuesta bastante clara.

Para Ravier, incluso vender tierras en la Patagonia no significa perder soberanía.

Y ante la pregunta sobre dónde estaría el límite, la discusión sigue abierta.