AySA: una red offshore apunta a José Luis Manzano detrás de la privatización
Una investigación de Alejandro Bercovich puso bajo la lupa la estructura empresarial que se quedó con una participación decisiva en AySA. El informe rastreó sociedades registradas en Reino Unido, Países Bajos y Curazao y encontró una cadena de firmas sin actividad visible ni propietarios identificados públicamente. Los indicios, según el periodista, apuntan al empresario José Luis Manzano, aunque la identidad del beneficiario final todavía debe confirmarse con documentación oficial.
La investigación reconstruyó el recorrido de PHX Aqua, el vehículo que controla el 55% de la concesión dentro del consorcio adjudicatario. La primera sociedad, PHX Aqua Limited, se constituyó en Londres el 18 de agosto con un capital de apenas un euro. Tres días después creó en Ámsterdam a PHX Aqua AR B.V., la firma que aparece formalmente en los pliegos de la licitación argentina: una sociedad declarada sin capital, sin empleados y dedicada a la tenencia de acciones.
El rastreo también llegó hasta Curazao, donde aparece el fondo Phoenix Global Investment Fund. En las tres jurisdicciones se repite un elemento: Amicorp, un grupo especializado en servicios corporativos que figura vinculado a la administración de las distintas sociedades. Para Bercovich, esa coincidencia permite conectar las piezas de una estructura diseñada para mantener fuera de la vista pública a sus verdaderos dueños.
El nombre del fondo registrado en Curazao es otro de los indicios que señala el informe: Phoenix Global Investment Fund replica la denominación de Phoenix Global Resources, la petrolera controlada por Integra Capital, el holding de Manzano. El empresario, además, comparte negocios en Edenor con Mauricio Filiberti, el dueño de Transclor conocido como “el rey del cloro” y una de las caras visibles del consorcio que se quedó con AySA.
Pero la pista no equivale todavía a una identificación legal definitiva. La documentación que permitiría conocer quiénes son los beneficiarios finales debe estar en poder del Ministerio de Economía: se trata de la declaración jurada que el consorcio debía presentar al participar de la licitación. Por eso, el informe confirmó que se impulsó un pedido de acceso a la información pública para que la cartera de Luis Caputo entregue ese documento.
La operación vuelve a quedar bajo cuestionamiento por la falta de transparencia sobre quiénes están detrás de la empresa que presta un servicio esencial a millones de personas. Mientras el Gobierno avanza con la transferencia de AySA, la ciudadanía sigue sin conocer públicamente quién controla realmente una parte decisiva del grupo adjudicatario ni qué intereses económicos se esconden detrás de la estructura offshore.
