Tras los privilegios en su detención, trasladan a Santiago Peña a una cárcel militar
El expresidente de Paraguay Santiago Peña será trasladado a la prisión militar de Viñas Cue, por orden del juez Osmar Legal, luego de las denuncias por los beneficios que habría recibido durante su detención en el Regimiento Escolta Presidencial. El cambio de lugar de reclusión se produce en medio del escándalo por el colapso de Ueno Bank, causa en la que está imputado por presuntos delitos económicos.
La decisión judicial se conoció este lunes, el mismo día en que Peña cumple 48 años. Hasta ahora, el exmandatario permanecía detenido en el Regimiento Escolta Presidencial, una unidad militar destinada a la custodia de presidentes y expresidentes. Sin embargo, las condiciones en las que estaba alojado generaron cuestionamientos políticos y públicos.
Según las denuncias que trascendieron en los últimos días, Peña habría contado con un gimnasio equipado, habitaciones con aire acondicionado y espacios que fueron descriptos como una suerte de «suite presidencial». El ministro de Defensa paraguayo, Óscar González, confirmó la existencia de algunos de esos beneficios.
La polémica también tuvo consecuencias dentro de la estructura militar: el presidente Pedro Alliana ordenó este lunes relevar al comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José David Dayub, en medio de los cuestionamientos por el trato que recibía el exjefe de Estado.
Ahora, el juez Osmar Legal dispuso que Peña sea llevado a la prisión militar de Viñas Cue. La resolución establece que deberá permanecer en un sector que garantice su aislamiento del resto de los detenidos, especialmente de otros imputados en la misma causa. También ordenó que las autoridades penitenciarias adopten medidas para proteger su integridad y presenten un informe detallado sobre los protocolos de seguridad.
El traslado no modifica su situación procesal ni representa una condena. Peña continúa bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial por el derrumbe de Ueno Bank y los presuntos vínculos entre el grupo empresario que controlaba la entidad y funcionarios del Estado.
La causa que terminó con la presidencia de Peña
El caso Ueno Bank derivó en una de las mayores crisis políticas y financieras recientes de Paraguay. El 3 de noviembre, el Banco Central resolvió intervenir la entidad luego de determinar que había incumplido los requisitos mínimos de solvencia. La medida llegó después de que trascendieran advertencias regulatorias sobre créditos excesivos a empresas vinculadas con el propio grupo empresario.
El banco, que había crecido hasta alcanzar cerca de tres millones de clientes, quedó en el centro de una investigación sobre presuntas irregularidades en su funcionamiento y en los controles que debían supervisarlo. La crisis dejó a millones de usuarios sin acceso a sus cuentas y provocó un fuerte impacto en el sistema financiero y en la confianza pública.
Peña fue destituido por el Senado el 6 de noviembre, mediante un juicio político por mal desempeño de funciones. Ese mismo día quedó detenido. La investigación sostiene que el exmandatario habría utilizado su posición para favorecer al banco y a su empresa matriz, el Grupo Vázquez, con el que había mantenido vínculos empresariales hasta marzo de 2025.
La Fiscalía lo imputó inicialmente por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. El viernes 13 de noviembre, además, sumó el cargo de asociación criminal contra Peña y otros exfuncionarios del Banco Central. Según los investigadores, habría existido una estructura coordinada para obstaculizar los controles sobre Ueno Bank entre junio y octubre de 2026.
En un informe citado por Reuters, los fiscales sostuvieron que Peña habría tenido un papel central en ese esquema. La acusación menciona supuestas reuniones clandestinas en la residencia presidencial con el titular del Grupo Vázquez y presuntos pagos ilegales, incluso mediante sobres con 200.000 dólares en efectivo. También sostiene que se habrían impartido instrucciones para evitar intervenciones sobre el banco y frenar advertencias públicas acerca de su insolvencia.
La investigación alcanza, además, al expresidente del Banco Central Carlos Carvallo, a antiguos integrantes de su directorio y a exresponsables de la supervisión bancaria. Tanto Peña como Carvallo niegan haber cometido delitos. El exmandatario se abstuvo de declarar ante la Justicia.
Mientras la causa avanza, el traslado a Viñas Cue suma un nuevo capítulo a una crisis que ya provocó la caída de un presidente, la intervención de una entidad financiera y el avance de una investigación sobre los vínculos entre el poder político y el sector bancario paraguayo.





