Suspendieron la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires
La Justicia bonaerense suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y puso en pausa, al menos temporalmente, una de las principales reformas impulsadas para endurecer el tratamiento de los delitos cometidos por adolescentes. La medida fue tomada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado en favor de adolescentes privados de su libertad.
La decisión llegó apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801 y tiene como principal argumento la falta de condiciones materiales para aplicar el nuevo sistema. Según explicó la magistrada, la normativa incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años y podría generar un aumento tanto de los ingresos como del tiempo de permanencia de jóvenes privados de su libertad. El problema, advirtió, es que los dispositivos bonaerenses actualmente no estarían preparados para recibir a una mayor cantidad de adolescentes.
Pascual salió a defender públicamente su resolución y buscó despejar una de las discusiones que rápidamente aparecieron alrededor del fallo: aclaró que no está en contra de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. “Yo no estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. Nuestros legisladores habrán decidido que esté en 14”, sostuvo la jueza, quien además rechazó cualquier interpretación que implique justificar los delitos cometidos por menores.
Tras ordenar la suspensión del Régimen Penal Juvenil en PBA, la jueza Marta Elba Pascual señaló que es "pésimo" que "alrededor de 100 menores estén privados de libertad” y argumentó: "Tiene que ver con restaurar los vínculos, que se responsabilicen y vuelvan siendo ciudadanos". pic.twitter.com/974lKrQ3ez
— Corta (@somoscorta) September 8, 2026
Sin embargo, cuestionó que el endurecimiento de las penas pueda traducirse automáticamente en una reducción de la inseguridad. “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó. Y agregó: “Yo soy de la provincia de Buenos Aires y con esta ley no les vamos a dar seguridad”. Para Pascual, el debate no debería terminar en la cantidad de años de una condena o en el encierro, sino en qué condiciones se aplica y qué herramientas reciben los jóvenes durante ese proceso.
La jueza puso el foco especialmente en las condiciones de detención. En su resolución advirtió que los establecimientos bonaerenses tienen problemas de infraestructura y que todavía existen deficiencias en áreas como educación, formación profesional y acceso al trabajo. Incluso recordó que su propio juzgado había limitado previamente a 60 adolescentes la capacidad de alojamiento de un centro de Lomas de Zamora tras constatar que las condiciones no cumplían con los estándares mínimos.
“Hay que tratar de devolverle a la sociedad un chico que esté en condiciones de poder circular psíquicamente”, explicó Pascual al referirse al objetivo que debería tener una sanción penal juvenil. En esa línea, defendió herramientas como los oficios, las actividades dentro de los establecimientos y el acompañamiento terapéutico. “No pasa por encerrarlos por el encierro mismo, sino por darles los mecanismos para cuando salgan”, sostuvo.
El planteo de la magistrada también se apoya en una advertencia sobre las consecuencias que puede tener el hacinamiento. En el fallo, Pascual sostuvo que “hacin ar ‘menores’, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia”, al considerar que las condiciones de encierro pueden influir en los niveles de violencia con los que los jóvenes regresen a la sociedad una vez cumplidas sus condenas.
La suspensión, por ahora, no elimina la Ley 27.801 ni modifica de manera definitiva el nuevo régimen: frena su aplicación en territorio bonaerense durante 60 días. En ese período deberá analizarse si existen las condiciones necesarias para ponerlo en marcha. Además, la jueza convocó para el 16 de septiembre a funcionarios del Ejecutivo provincial vinculados con Seguridad, Niñez y Justicia, quienes deberán explicar qué medidas adoptaron, cuáles tienen previstas y en qué plazos podrían concretarlas.
