Sea Lion: quiénes están detrás del millonario proyecto petrolero que Argentina ya había prohibido
El proyecto petrolero Sea Lion, que avanza en aguas próximas a las Islas Malvinas, quedó nuevamente en el centro de la disputa entre Argentina y el Reino Unido después de los anuncios de Javier Milei. El Gobierno argentino prepara nuevas medidas contra las empresas involucradas, aunque existe un antecedente clave: una de las compañías que controla el proyecto ya había sido declarada ilegal e inhabilitada por Argentina en 2022.
Sea Lion está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es considerado uno de los principales proyectos petroleros de la zona. La iniciativa está en manos de dos compañías: la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% y es la operadora, y la británica Rockhopper Exploration, que conserva el 35%.
El proyecto contempla una inversión cercana a US$1.800 millones para su primera etapa y apunta a comenzar la producción durante 2028. El plan prevé una capacidad inicial de alrededor de 55.000 barriles diarios, mientras que las compañías estiman que Sea Lion tiene unos 216 millones de barriles de reservas y 603 millones de barriles de recursos totales.
Navitas Petroleum ingresó a Sea Lion en 2022, cuando compró a Harbour Energy el 65% de las licencias vinculadas al área y asumió la operación. Rockhopper, que participaba del proyecto desde las primeras etapas de exploración, mantuvo el 35%.
La salida de Harbour Energy no significó, sin embargo, su retiro de la actividad petrolera argentina. La compañía continuó operando en el país y en 2024 adquirió los activos de Wintershall Dea, con presencia en proyectos offshore frente a Tierra del Fuego junto con TotalEnergies y Pan American Energy.
El proyecto Sea Lion fue descubierto por Rockhopper en 2010 y desde entonces se convirtió en el principal activo de la compañía británica. Para Navitas también representa uno de sus desarrollos más importantes.
El dato que vuelve especialmente relevante el anuncio de Milei es que Argentina ya había actuado contra Navitas por Sea Lion.
En abril de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades desarrolladas por Navitas en la plataforma continental argentina y la declaró clandestina. Además, dispuso su inhabilitación durante 20 años para desarrollar actividades en la Argentina.
La medida se tomó en aplicación de la Ley 26.659, que establece sanciones para las empresas que participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. La normativa contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años, además de otras sanciones.
El proceso contra Navitas había comenzado en 2021 e incluía también a Harbour Energy y otras compañías vinculadas con el proyecto. Harbour finalmente se retiró de Sea Lion, mientras Navitas decidió continuar.
Por eso, el anuncio actual de la Casa Rosada no parte de cero: la legislación ya existía y Navitas ya había sido sancionada por el Estado argentino por su participación en Sea Lion.
Mientras la disputa diplomática continuaba, el desarrollo petrolero siguió adelante bajo las licencias otorgadas por las autoridades de las islas.
En diciembre de 2025, Navitas y Rockhopper tomaron la decisión final de inversión para la primera fase de Sea Lion. El proyecto pasó entonces a una nueva etapa, con una inversión prevista de unos US$1.800 millones y financiamiento que incluía cerca de US$1.000 millones en deuda.
La producción está prevista para 2028 y el proyecto contempla pozos submarinos conectados a una unidad flotante destinada a producir, almacenar y descargar el petróleo.
El avance de Sea Lion es justamente uno de los motivos por los que el Gobierno de Milei volvió a colocar el proyecto en el centro de la agenda sobre Malvinas.
En su mensaje por cadena nacional, Milei anunció que buscará acelerar la aplicación de las sanciones previstas por la legislación argentina contra las empresas que participen de la explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización del Estado argentino.
También anticipó un proyecto para modificar la Ley 26.659 y ampliar el alcance de las sanciones a proveedores y otros actores vinculados con esas operaciones, además de la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
El punto político es que el proyecto que ahora vuelve a estar bajo la lupa no apareció de un día para otro: lleva más de una década de desarrollo, tiene dos compañías identificadas detrás, fue objeto de sanciones argentinas en 2022 y, aun así, consiguió avanzar hasta la decisión final de inversión y el financiamiento de su primera etapa.
Con Sea Lion encaminado hacia la producción en 2028, la disputa por el petróleo de las Malvinas vuelve a cruzarse con la discusión sobre cuánto y cuándo actuó la Argentina frente a un proyecto que considera ilegal.
