Se duplicó en un año la cantidad de jubilados que volvieron a trabajar
El modelo político y económico que manejan en tándem Javier Milei y Luis Caputo deja una imagen tan injusta como dolorosa: más de 22 mil jubilados tuvieron que volver a trabajar en el último año para intentar completar ingresos que ya no alcanzan para vivir. La motosierra del gobierno de las fuerzas del cielo empujó a miles de personas mayores a buscar una changa, aun después de toda una vida de trabajo.
El dato fue elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. En el primer trimestre de 2026, el 12,6% de las personas de 66 años o más formó parte de lo que el instituto denomina desempleo blue, el nivel más alto desde 2017.
El indicador amplía la medición oficial del desempleo e incorpora a las personas mayores que cumplen simultáneamente tres condiciones: buscan trabajo, no trabajaron o trabajaron muy pocas horas durante la semana relevada y, cuando trabajaron, lo hicieron en una actividad desprotegida.
Para el IAG, se considera trabajador desprotegido a quien no realiza aportes, no es patrón, no tiene antigüedad en su tarea y no trabaja como consultor o programador para el exterior. También incluye a quienes trabajan por cuenta propia sin capital propio o fuera de estructuras grandes.
Cuando se observa únicamente a los jubilados que tienen empleos desprotegidos, el resultado es todavía más dramático. En el primer trimestre de 2026 representaron el 7,7%, unas 42 mil personas, contra el 3,8%, aproximadamente 19.700 jubilados, del mismo período de 2025.
La diferencia marca el derrumbe: más de 22 mil personas mayores de 66 años se sumaron al mercado laboral informal en apenas un año. No volvieron a trabajar por deseo, proyecto personal o entusiasmo. Lo hicieron porque la jubilación no alcanza y porque la comida, los medicamentos, el alquiler y las facturas no esperan.
La canasta básica de un jubilado llegó a $1.824.682 en marzo de 2026, según los últimos datos disponibles de la Defensoría de la Tercera Edad, coordinada por el doctor Eugenio Semino. El monto implicó un aumento del 20,51%, equivalente a una diferencia de $310.607,87 respecto de la medición anterior.
La mayor parte de ese gasto se concentra en necesidades esenciales: $503.600 en medicamentos, $410.640 en alimentación, $360.150 en vivienda y $151.350 en servicios. Son rubros imposibles de recortar sin poner en riesgo la salud y la vida cotidiana.
Frente a esa cifra, el Gobierno dispuso que las jubilaciones aumenten 2,1% en septiembre de 2026, en línea con la inflación de julio. Así, la jubilación mínima pasaría a ser de $428.590, y, con el bono extraordinario, congelado en $70.000 desde marzo de 2024, el ingreso total llegaría a apenas $498.590. Ese monto cubre poco más de una cuarta parte de la canasta básica de un jubilado y, según datos consignados por Chequeado, el haber se ubicaría en términos reales 9,3% por debajo de noviembre de 2023.
El propio informe del IAG resume la situación: “Una historia que se repite. Los nuevos datos de la canasta básica de los jubilados ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector”. También advierte sobre la distancia brutal entre los ingresos y el costo de vida: “Una canasta básica de $1.824.682 en un contexto en el que cuatro millones y medio de jubilados cobran una mínima de $369.672,3 más un bono de $70.000”.
La jubilación dejó de ser una garantía de vejez digna para convertirse, para millones, en una cuenta imposible. Y detrás de cada porcentaje hay una persona que hace fila en una farmacia, mira los precios antes de comprar comida o vuelve a trabajar con el cuerpo cansado porque no tiene otra opción.
