Hay otra denuncia, presentada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, que recayó en la jueza federal María Eugenia Capuchetti, impulsada junto al legislador socialista Esteban Paulón, apunta también contra Tillard, pero involucra además a beneficiarios de los créditos como Emiliano Mongilardi (director de YPF), Federico Furiase (secretario de Finanzas), Pedro Inchauspe (director del Banco Central), Pedro Núñez (director del Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE−) y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.

Frente a las críticas, autoridades del Banco Nación afirmaron que los préstamos se aprobaron bajo los requisitos habituales, sin excepciones en el proceso. La entidad justificó la operatoria por la administración de las cuentas sueldo estatales y aclaró que aplicó el mismo método de análisis de ingresos, conocido como scoring, de forma estándar para todos los clientes.

La situación movilizó a la oposición legislativa ante posibles desigualdades en el acceso al crédito. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para investigar si hubo condiciones especiales, conflictos de interés o fallas de control de la SIGEN respecto a la asistencia crediticia a personas políticamente expuestas.

La diputada de la Coalición Cívica, una de las denunciantes, explicó en diálogo con C5N que el objetivo de la presentación es “que se investigue si el otorgamiento de los créditos a los funcionarios y legisladores ha sido conforme las normas y conforme nuestro Código Penal”.

“Porque más allá de la resolución que pudieron haber firmado los presidentes sucesivos del Banco Nación, hay un Código Penal que va a tener que poner la lupa sobre la operatoria que hicieron, cómo lo hicieron y en qué condiciones lo hicieron, y por otro lado a quiénes se lo dieron”, amplió.

Frade subrayó que “la Ley de Ética Pública pronto va a ser papel pintado, lo estamos viendo todos los días”. “Acá probablemente tengamos que dejar el tema ético porque la narrativa de este gobierno no tiene nada que ver con lo que está sucediendo y con la ética en la función pública. Lo que estoy planteando acá es la posibilidad que pueda haber tráfico de influencias, de que pueda haber incompatibilidades, sobre todo en funcionario del Ministerio de Economía, porque entre el beneficiario y el controlante del banco habría una incompatibilidad, esto se tendrá que determinar”, planteó.

“Hoy me entero de que le dieron a un funcionario judicial de Santa Fe que tiene 70 años. Todos sabemos que a una persona de 70 años no le dan créditos hipotecarios. Entonces, acá empiezan a aparecer cosas y, por supuesto, en la indignación generalizada me está llegando más información que indica que las cosas no están bien hechas”, ejemplificó.