El Reino Unido salió nuevamente en defensa de las empresas que explotan recursos naturales en las Islas Malvinas y calificó de “inaceptables” las sanciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei contra compañías y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago. La respuesta de Londres llega mientras el Ejecutivo argentino intenta endurecer las medidas contra las petroleras que participan del proyecto Sea Lion.

La subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que el Reino Unido respalda “plenamente” a las empresas y personas que tengan inversiones en hidrocarburos en las islas.

“El Reino Unido lo deja claro: las Islas Falkland son británicas y las personas allí tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, afirmó la funcionaria. También señaló que las decisiones sobre hidrocarburos corresponden a los habitantes de las islas y a las compañías involucradas.

El negocio petrolero que está en el centro de la disputa

El principal foco de tensión es Sea Lion, el proyecto de explotación de hidrocarburos ubicado en la Cuenca Norte de Malvinas, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

Las compañías sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido. En septiembre, además, aseguraron que las medidas impulsadas por Argentina no tendrían efectos materiales sobre sus operaciones, aunque sus acciones registraron bajas en las bolsas de Londres y Tel Aviv.

La disputa tiene además un capítulo judicial. La Justicia Federal argentina frenó el desarrollo de Sea Lion y ordenó que se realice una evaluación de impacto ambiental antes de avanzar con las obras. La medida, sin embargo, no resuelve la disputa de soberanía ni determina por sí misma el futuro del proyecto.

La respuesta de Milei

El Gobierno argentino presentó esta semana en el Congreso su Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía las sanciones contra quienes desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las áreas que Argentina considera propias.

El proyecto contempla multas, inhabilitaciones comerciales y penas de prisión para determinadas actividades vinculadas con la exploración, explotación, extracción, transporte y almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina. También alcanza a empresas, accionistas y proveedores en determinadas circunstancias.

Pero la respuesta británica muestra uno de los principales límites del esquema: Londres sostiene que las medidas argentinas no tienen jurisdicción sobre las actividades desarrolladas en las islas, una posición que ya había expresado públicamente días atrás.

Mientras el Gobierno de Milei vuelve a colocar Malvinas en el centro de su discurso y busca endurecer las sanciones desde el Congreso, el Reino Unido ratifica su respaldo a las empresas petroleras y al desarrollo de los recursos del archipiélago.

El conflicto, así, vuelve a tener un componente cada vez más concreto: quién controla y quién se beneficia de los recursos del Atlántico Sur.