Los despidos y desplazamientos de trabajadores civiles de la Quinta de Olivos dejaron un clima de incertidumbre entre quienes durante años trabajaron en la residencia presidencial. Desde ATE Presidencia hablan de una decisión “estrepitosa y rapidísima”, cuestionan que no haya una explicación concreta para las desvinculaciones y describen una “paranoia generalizada” dentro de la residencia.

María Eugenia Trigo, secretaria adjunta de ATE Presidencia, confirmó que hay 10 bajas efectivas respaldadas por un acto administrativo, además de trabajadores de planta que fueron notificados de su traslado a otras dependencias.

“Venían teniendo una conducta de realizar este tipo de maniobras los días viernes a última hora, esto fue un miércoles a mitad de mes”, explicó Trigo. Y marcó una diferencia con otras desvinculaciones de la administración pública: “Por lo general hacían no renovación de contrato, en este caso fueron directamente sobre la rescisión de contratos de compañeros”.

“Motivo real no hay”

La dirigente sindical cuestionó que el Gobierno no haya dado, según su interpretación, un motivo concreto para sacar de la residencia a trabajadores civiles que llevan años desempeñándose allí.

“Motivo real no hay. Yo puedo hablar sobre supuestos, sobre lo que nos parece que está pasando. Sobre una paranoia generalizada”, sostuvo.

Trigo también rechazó que se responsabilice a los trabajadores por eventuales problemas de seguridad o filtraciones: “Siempre es lo mismo, es echarle la culpa al trabajador que va por dos mangos. Y no están desde hace dos meses. Tienen una trayectoria y laburaron con un montón de presidentes”.

La representante de ATE agregó que, entre los trabajadores, circulan versiones sobre posibles nuevas desvinculaciones y que la movilidad podría alcanzar a más personas. En declaraciones radiales habló de una situación que mantiene al personal en alerta.

Qué decidió el Gobierno

La medida forma parte de la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. El Gobierno dispuso que la Casa Militar asuma de manera integral las funciones de seguridad de la Quinta, de las residencias transitorias del Presidente y de su familia.

La transferencia de funciones debe completarse en un plazo de 60 días. Los trabajadores de planta permanente son reubicados en otras dependencias, mientras que otros empleados fueron desvinculados.

La explicación oficial apunta a fortalecer la seguridad y mejorar los procesos administrativos internos, en un contexto que el Ejecutivo vincula con la escalada de la inseguridad a nivel global y con la visita del papa León XIV a la Argentina.

La Casa Militar, que queda al frente de esta nueva estructura, está encabezada por el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez y depende de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

Así, mientras el Gobierno presenta la decisión como una reorganización vinculada a seguridad y eficiencia, los trabajadores cuestionan la forma en que se realizó y aseguran que el clima interno en la Quinta de Olivos quedó atravesado por la incertidumbre.