Entre los prácticos, según supo elDiarioAR, el acuerdo se vivió como un triunfo ya que se logró revertir el decreto llevaba la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que originó el conflicto que dejó casi paralizados el comercio exterior del país y más de 150 barcos sin navegar.

Los prácticos son profesionales especializados cuya formación demanda entre 12 y 15 años y su intervención es clave en el amarre y desamarre de los barcos y en el tránsito por el río Paraná y el Río de la Plata, la puerta de salida de cerca del 80% de los embarques del país. Aunque históricamente su trabajo fue en relación de dependencia, a partir del régimen impuesto durante el menemismo pasaron a ser profesionales autónomos.

Si bien el Gobierno buscó desde un primer momento plantear una cuestión económica, el practicaje es una de las actividades profesionales mejor pagas, lo cierto es que el acuerdo llegó luego de que la Asociación Civil Prácticos y Pilotos de la República Argentina presentara una denuncia para que la justicia investigue penalmente a Milei y cuatro de sus ministros: Sturzenegger, Monteoliva, Carlos Presti, de Defensa, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, además de Autoridades de la Prefectura Naval, y funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y de Cancillería.

Allí, los prácticos denunciaban que el Gobierno había desoido un informe de la propia Prefectura en el que “se determinó que la actividad total de navegación en la hidrovía sin práctico a bordo se estimó que ocasionaría un riesgo de 84/100, riesgo alto”. En ese informe al que tuvo acceso este medio, la Prefectura proponía “un nuevo proyecto de reglamentación, distinto al original, según el cual mantiene la obligatoriedad de practicaje obligatorio en el caso de buques de bandera extranjera en el Río de la Plata”.

Pero además, la presentación judicial incluía una advertencia del gobierno uruguayo sobre el conflicto diplomático que podria ocasionar navegar las aguas que ambos países comparten sin la experiencia de un práctico al mando. Según la denuncia de la Asociación, el pasado 24 de abril de 2026, la Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico remitió una carta a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) donde se describió a los cambios introducidos por el decreto como“ sustanciales, invocó los artículos 14 y 26 del Tratado y sostuvo que una aplicación inconsulta podría generar una disparidad normativa y afectar seguridad, navegación y comercio”, ya que ese acuerdo establece “un régimen bilateral que no puede ser reducido a una mera recomendación”. Es decir que Argentina por sí sola no puede cambiar la obligatoriedad de llevar prácticos ya que es un acuerdo entre los dos países.

El conflicto terminó dejando al descubierto que mientras para el Gobierno se trataba de bajar los costos del servicio de practicaje, para los prácticos el decreto ponía en riesgo tanto la seguridad de la navegación como la soberanía sobre las aguas argentinas al habilitar para esa función a marinos extranjeros. “Funcionarios nacionales sustituyeron o debilitaron barreras regulatorias destinadas a la seguridad de la navegación, la vida humana y la protección ambiental sin acreditar técnicamente que el practicaje hubiera dejado de ser necesario”, señala la presentación en uno de sus tramos. Y pide a la justicia que investigue si los funcionarios nacionales “desconocieron conscientemente mandatos legales y convencionales que limitaban su potestad reglamentaria”.

Para los prácticos, las nuevas disposiciones que determiaba el decreto ahora suspendido “impactan directamente sobre la organización del sistema preventivo de seguridad de la navegación, reduciendo requisitos técnicos y operativos que históricamente fueron establecidos precisamente para disminuir los riesgos propios de la navegación en zonas especialmente complejas desde el punto de vista hidrográfico, meteorológico y operativo”.

En paralelo, el conflicto mostró una unidad inédita de todo el sector. A poco de conocerse la decisión de los prácticos de no volver a navegar mientras siguiera vigente el decreto, el Gobierno intentó, por un lado, intimarlos mediante cartas documentos, por el otro convocando a los capitanes de ultramar a asumir ese trabajo. Ninguna de las dos medidas dio resultado.

En un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo, por medio de la Prefectura, intimó a 536 prácticos a “la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026”, a la vez que advertía que el “incumplimiento de la presente intimación será objeto de las sanciones disciplinarias”.