Sociedad

Preocupación por la ola de jubilados que se suicidan porque no pueden pagar deudas

La alarmante repetición de tragedias extremas entre los adultos mayores encendió una luz de alerta roja sobre el impacto social del rumbo económico. Ayer se conoció el desgarrador caso de una mujer de 63 años que se quitó la vida al verse completamente acorralada por la imposibilidad de afrontar un préstamo, un reflejo directo del drama financiero generalizado.

Apenas una semana antes, la opinión pública se conmocionó ante el pacto suicida de una pareja de jubilados en Cipolletti, una localidad estrechamente ligada a Neuquén, quienes dejaron una carta de despedida detallando el calvario de sus deudas y la angustia de no poder pagar la renovación de su alquiler, que se disparaba de 600.000 pesos a más de un millón.

A estos tristes episodios se sumó también en las últimas horas el de otro jubilado que tomó la drástica decisión en las vías del tren, configurando un escenario de desesperación que la dirigencia política ya no puede ignorar.

Este sombrío panorama se despliega en un contexto de morosidad récord, donde informes privados recientes de entidades como Provincia Microcréditos revelan que la cantidad de adultos mayores con deudas atrasadas o impagas se ha triplicado, alcanzando a más de cuatro millones de personas con créditos activos.

Los jubilados, empujados por la pérdida del poder adquisitivo frente al costo diario de los alimentos y servicios, se vieron obligados a refinanciar tarjetas o tomar préstamos de alto costo confiando en las promesas oficiales.

La administración actual había asegurado públicamente que la inflación llegaría a cero en agosto, una meta que finalmente no se cumplió y que dejó atrapados a miles de ciudadanos en esquemas de financiamiento con tasas de interés asfixiantes que la propia gestión económica propició al liberar los mercados.

Frente a esta crisis humanitaria que golpea a los sectores más vulnerables de la sociedad, la respuesta del Gobierno nacional ha sido la absoluta indiferencia y la deslindación de responsabilidades. Desde el sector oficial se insiste en repetir que el Estado no puede hacer nada al respecto, bajo la polémica premisa discursiva de que “nadie les puso una pistola para que se endeuden” y catalogando el drama como un simple problema financiero entre privados.

Esta falta de contención estatal y social agrava la fragilidad de una población que aportó toda su vida al sistema y hoy se encuentra desamparada ante la asfixia económica, la desregulación de los alquileres y el recorte en coberturas básicas.

Redacción Somos Citrica

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