La protesta se desarrolló mientras en el Congreso se debatía la iniciativa oficial vinculada con la propiedad privada, cuyo capítulo referido a la modificación de la Ley de Tierras generó un fuerte rechazo entre los manifestantes.
La movilización terminó con una extensa represión en los alrededores del Parlamento, luego del avance de efectivos de Infantería y de los camiones hidrantes.
Durante el operativo, las fuerzas utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. El despliegue estuvo integrado por unos 820 efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval.
El operativo dejó manifestantes detenidos y personas heridas, además de integrantes de las fuerzas de seguridad lesionados. De acuerdo con las autoridades, hubo al menos tres detenidos, acusados de atentado y resistencia a la autoridad, mientras que también se registraron decenas de civiles heridos por impactos de proyectiles de goma.
En ese contexto, las imágenes del hombre armado de civil sumaron un nuevo eje de discusión sobre el accionar de las fuerzas durante la jornada.
El pedido presentado por Paulón busca determinar quién autorizó el despliegue de agentes de civil armados, cuál era su función específica y bajo qué protocolo actuaron durante la protesta.
También pretende establecer si esos efectivos pertenecían a alguna de las fuerzas que participaron del operativo y si contaban con algún mecanismo de identificación para distinguirlos del resto de las personas presentes en la zona.
El legislador cuestionó además lo que consideró un uso desproporcionado de la fuerza pública durante la represión y reclamó que el Ministerio de Seguridad explique las decisiones adoptadas durante el operativo.
El episodio también generó cruces dentro del arco político. La senadora bonaerense María Florencia Arietto, cercana al oficialismo, respaldó públicamente el accionar del efectivo de civil que aparece en las imágenes y apuntó contra la CGT, a la que acusó de intentar “voltear al presidente”.