La causa Vialidad sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que la defensa de Cristina Kirchner presentara el nuevo recurso que llevó ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para intentar revertir su condena. El abogado Carlos Beraldi y los juristas internacionales Rafael Valim (Brasil) y Javier Borrego (España) postularon que la Justicia argentina violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, al cual suscribe el país.

Según aseguraron los defensores de la expresidenta, se vulneraron al menos ocho derechos enmarcados en el acuerdo de las Naciones Unidas: derecho a votar y ser elegido; derecho a un juicio justo; derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial; derecho a la presunción de inocencia; derecho a tiempo y medios adecuados para preparar la defensa; derecho a que la condena sea revisada por un tribunal superior; prohibición de juzgar o condenar dos veces a una persona por los mismos hechos; y derecho a un recurso efectivo.

Además, Beraldi explicó que la decisión del máximo tribunal, adoptada el 10 de junio de 2025, cerró la posibilidad de continuar el reclamo en el ámbito judicial argentino, pero que, al hacerlo, habilitó la vía internacional. En ese sentido, Valim aclaró que “las decisiones del Comité son vinculantes”, que “hacen al compromiso que la Argentina suscribió ante la ONU” y que ellas “deben ser respetadas por el Estado argentino”.

Según el abogado brasileño, también puede “condenar al Estado a que haga la revisión de las decisiones y que reconozca las violaciones alegadas y que cumpla las cautelares pedidas”. También adelantó que, aunque la revisión de la sentencia será total, “hay un pedido cautelar para suspender la inhabilitación perpetua” que le impide presentarse a cargos públicos, ya que ello “contradice precedentes”. También se envió otra para revisar las condiciones de la detención.

El equipo de abogados afirmó que las cautelares presentadas podrían resolverse en octubre, cuando el Comité de Derechos Humanos vuelva a reunirse, aunque la cuestión de fondo podría tardar más. “Las cautelares podrían salir en cuestión de meses, aunque la decisión de fondo podría tardar algunos años”, sumó Valim.

Según Beraldi, “la legislación argentina tiene una vía específica a través del nuevo Código Procesal Penal, que prevé la posibilidad de interponer un recurso de revisión cuando se obtiene una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de algún organismo de aplicación de un tratado que sea una comunicación individual”, tal cual es este caso.

“Existe una vía procesal concreta para plantearlo en la causa, ya sea directamente contra la sentencia o bien contra alguna parte de esa sentencia, como por ejemplo si las medidas cautelares sobre las medidas de detención”, mantuvo. “Se va a tratar de aplicar el procedimiento que la ley establece para todas las personas”, sentenció. Así, el abogado aseguró que la posibilidad de articular el recurso de revisión hace que la sentencia no esté firme, por lo menos en algunos aspectos.

“Desde esa perspectiva jurídica es de donde uno puede sostener, fundadamente, que la inhabilitación no debería tener efectos”, cerró.