Otro golpe a la industria nacional: Milei habilita a empresas extranjeras como proveedoras del RIGI
El Gobierno de Javier Milei modificó el «compre nacional» del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y habilitó a empresas controladas íntegramente por capitales extranjeros a ser consideradas proveedoras locales. La medida, firmada por el Presidente, Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, elimina una de las pocas condiciones que favorecían la participación de compañías de capital argentino en los grandes proyectos de inversión.
El cambio quedó establecido en el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. A partir de ahora, para que una sociedad sea considerada proveedora local alcanza con que esté constituida y domiciliada en la Argentina, sin importar quiénes sean sus accionistas ni de dónde provenga el capital.
Hasta ahora, la reglamentación exigía que, además de estar radicada en el país, al menos el 51% del capital social o los votos necesarios para controlar las decisiones de la empresa pertenecieran a personas o sociedades con domicilio fiscal en Argentina. Ese requisito fue eliminado por la nueva disposición.
La modificación tiene un impacto directo sobre el 20% de las compras de bienes y obras que los proyectos adheridos al RIGI deben destinar a proveedores locales, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio y calidad. Desde ahora, ese porcentaje podrá cubrirse con empresas argentinas, pero también con filiales locales de multinacionales que tengan todo su capital en manos extranjeras.
En términos concretos, una compañía china, canadiense, estadounidense o europea podrá constituir una sociedad en Argentina y competir por los contratos de abastecimiento de los proyectos mineros, energéticos y de infraestructura. Sus operaciones podrán contabilizarse como compras a proveedores locales, aunque el control de la firma y sus principales decisiones empresariales estén en el exterior.
La decisión modifica las condiciones de competencia para las pequeñas y medianas empresas nacionales, que hasta ahora contaban con una protección relativa dentro del régimen. Las pymes argentinas deberán disputar ese segmento con filiales de grandes grupos internacionales que suelen disponer de mayor escala, financiamiento, tecnología y experiencia en operaciones de gran magnitud.
El reclamo de la industria y el impacto sobre las pymes
La medida llega después de meses de reclamos del sector industrial para que el RIGI garantice una participación más amplia de la producción nacional. La Unión Industrial Argentina había planteado que el porcentaje de compras locales se aplicara específicamente a bienes industriales fabricados en el país y reclamado mecanismos de integración progresiva para ampliar la participación de las empresas nacionales a medida que avanzaran los proyectos.
La modificación también generó cuestionamientos entre referentes de la industria minera. Una fuente del sector consultada por Forbes Argentina resumió el impacto de la decisión: «Antes tenías que tener el 51% de capital nacional para ser considerado proveedor argentino. Ahora, cualquier chino se pone un CUIT en el país y cuenta para participar del 20% de preferencia que establece el RIGI».
Desde la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) insistieron en la necesidad de aumentar la participación de empresas argentinas en las cadenas de suministro, con presencia de proveedores de las localidades cercanas a los emprendimientos, las regiones productivas y el resto del país. También remarcaron que la discusión debe contemplar a las metalúrgicas y fabricantes de bienes de capital de provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
El debate se vuelve especialmente relevante por el volumen de inversiones que se espera en minería y energía. Según un relevamiento de la Comisión de Inversiones y Promoción de la Industria de Bienes de Capital (CIPIBIC), el 66,9% de las importaciones realizadas bajo el RIGI, equivalentes a 362,7 millones de dólares sobre un total de 542,2 millones, correspondió a bienes que cuentan con oferta de fabricación local.
El mismo informe indicó que, de 25 proyectos aprobados, apenas 11 habían registrado importaciones directas. Además, el 55% de los compromisos de inversión total, valuados en 20.272 millones de dólares, vence entre 2027 y 2028. Para los fabricantes nacionales, el momento de ingresar en los procesos de homologación y contratación es ahora: una pyme puede necesitar entre 12 y 18 meses para quedar habilitada como proveedora.
Más cambios para los grandes proyectos
El Decreto 1366/2026 no se limita a modificar la definición de proveedor local. También introduce cambios en los plazos de inversión de los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, al establecer una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global, en lugar de atar ese cumplimiento a los vencimientos de las distintas etapas.
Además, flexibiliza las reorganizaciones societarias de los vehículos que llevan adelante los proyectos. La nueva reglamentación permite transferencias de participaciones, incorporación de nuevos integrantes y determinadas transformaciones societarias sin que se pierdan automáticamente los beneficios del régimen.
Otro punto amplía las posibilidades de computar divisas provenientes de aportes y financiamiento externo realizados por accionistas directos e indirectos y otros integrantes vinculados a los proyectos, siempre que los fondos ingresen, se liquiden en el mercado de cambios y tengan trazabilidad contable.
El Gobierno justificó los cambios como una forma de agilizar la implementación de las grandes inversiones y ampliar la participación de empresas radicadas en el territorio nacional. Pero la nueva definición de proveedor local deja una pregunta de fondo para la industria argentina: si una empresa puede ser considerada nacional aunque sus propietarios, su capital y sus decisiones estén en el exterior, ¿qué lugar les queda a las pymes que producen en el país?





