Desde la CGT sostienen que la reforma implica una regresión grave tanto en derechos individuales como colectivos, alterando garantías históricas vinculadas al derecho de huelga, la libertad sindical y la organización en los lugares de trabajo. En ese marco, consideran que la ley representa un retroceso estructural que habilita condiciones más restrictivas para la acción gremial.

Uno de los artículos más cuestionados es el 98, que amplía de manera generalizada el listado de actividades consideradas “esenciales” y obliga a garantizar entre el 50% y el 75% de los servicios durante una huelga. Para el asesor legal de la central, Pablo Topet, esta disposición equivale en los hechos a “una virtual prohibición del derecho de huelga”, ya que reduce de forma drástica la capacidad de presión sindical.

A ello se suman otros puntos bajo la lupa cegetista: el artículo 133, que restringe la realización de asambleas en ámbitos y horarios laborales; el 134, que redefine como “infracciones muy graves” los bloqueos a empresas como forma de protesta; y los artículos 141, 142 y 143, que tipifican la convocatoria de asambleas como “prácticas desleales” y habilitan acciones judiciales en su contra. Para la central, este conjunto normativo configura un cerco legal sobre la actividad sindical.

La decisión de avanzar con la judicialización del conflicto fue adoptada la semana pasada, cuando la conducción cegetista optó por no sumarse al paro y la movilización al Congreso impulsados por sectores más combativos durante el tratamiento del proyecto en el Senado. En cambio, definió concentrar esfuerzos en una estrategia institucional que apunte directamente al control de constitucionalidad.

“El resorte republicano de la Justicia es el que debe actuar cuando el Congreso sanciona leyes que violan la Constitución”, señaló uno de los secretarios generales de la central al fundamentar la postura. La conducción entiende que el Poder Judicial debe funcionar como contrapeso ante normas que, a su criterio, alteran principios básicos del orden jurídico laboral.

En ese sentido, la CGT buscará apoyarse en antecedentes recientes, como el fallo que declaró inconstitucional el capítulo laboral del DNU 70/2023, para fortalecer su planteo. La expectativa es que la Justicia admita el amparo y suspenda la aplicación de los artículos cuestionados hasta que se dicte sentencia definitiva.

Al cierre de esta edición, los equipos legales evaluaban si la presentación se radicará en el fuero laboral o en el contencioso administrativo, una definición clave para el recorrido procesal de la causa. Más allá de la vía elegida, la central apuesta a instalar la disputa en los tribunales como el principal frente de resistencia frente a una reforma que considera un retroceso histórico para el conjunto de los trabajadores.

Con esta jugada, la CGT se juega a todo o nada: trasladar la pelea del Congreso a los estrados judiciales y convertir la posible inconstitucionalidad de la reforma laboral en el nuevo eje del conflicto político y sindical.