El Gobierno justificó la firma de este DNU aludiendo a lo que describió como “recientes manifestaciones de hostilidad” que se habrían producido contra el país, en referencia a la denominada “campaña antiargentina”, las acusaciones de racismo y las teorías conspirativas que circularon en redes sociales durante el Mundial 2026.
Además, aclaró que “resulta conteste con el derecho a la libre expresión garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, por cuanto no afecta el disenso ideológico, la crítica política, académica o ciudadana, sino que reglamenta el ejercicio de los derechos, protegiendo a la ciudadanía argentina y al honor del Estado nacional”.
El documento señala que, si bien la Argentina “se ha caracterizado históricamente por su política de apertura, hospitalidad y respeto hacia los extranjeros que deciden habitar su suelo”, en el último tiempo “han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”, lo que “constituye un riesgo para todos los argentinos”.
“El quiebre del respeto básico desnaturaliza el sentido de las políticas migratorias de la República Argentina, transformando el ingreso al territorio nacional, o la permanencia de tales personas en él, en una flagrante violación de las condiciones de convivencia armónica y paz social que fundamentan su admisión en el país”, afirma el decreto.
El DNU entrará en vigencia este viernes, día siguiente a su publicación, aunque el Gobierno recordó que “la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de 10 días hábiles”.