Masiva marcha en contra de la nueva ley impulsada por el Gobierno
Familiares, organizaciones y trabajadores del sector de discapacidad realizan este miércoles a un cese de actividades y una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación.
La medida es contra el nuevo proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei y en reclamo por la situación que atraviesa el sistema.
La protesta fue convocada para las 11 en la sede que conduce Mario Lugones, en medio de un conflicto que el sector sostiene desde hace meses por la falta de respuestas oficiales.
Está cortada la circulación por la avenida 9 de Julio y se encuentran afectadas también Belgrano y Salta.
Al reclamo por la crisis en discapacidad se sumó el rechazo al proyecto denominado Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.
Personas con discapacidad marcharon al ministerio de Salud para exigir que se aplique la ley de financiamiento en el sector. pic.twitter.com/FyNPzUF0Ko
— Corta (@somoscorta) April 22, 2026
“Esta iniciativa, que modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema”, denunció el Foro Permanente Discapacidad, que nuclea a organizaciones del sector.
Asimismo, destacaron que “mientras se pone en duda el acceso a derechos, el sector atraviesa: atraso arancelario, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo. Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”, expresó el Foro.
Qué plantea la nueva Ley de Discapacidad impulsada por el Gobierno
El eje central de la ley está en el empadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones por discapacidad. Los destinatarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. De no hacerlo, la pensión sería suspendida de forma automática.
La norma contempla que «el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio».
Aún cumpliendo ese paso, la información proporcionada será fiscalizada a partir de un cruce de datos con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Ante casos dudosos, suspenderán igual la pensión de forma «preventiva».
A su vez, la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793 la dejaría sin efecto y retrotraería la situación a meses atrás. El Gobierno ya no tendría la obligación de aplicarla y cumplirla.
El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.
En cuanto a los montos, ata su evolución al haber mínimo jubilatorio y, en el caso de los aranceles de las prestaciones, se ajustan trimestralmente o por IPC en caso de demoras, y se incorpora una compensación de emergencia vinculada también al IPC para prestadores. Con la ley todavía vigente, la actualización estaba atada al IPC y se realizaba de forma mensual.
De forma regresiva, el proyecto establece la «incompatibilidad absoluta» de las pensiones con cualquier trabajo formal o inscripción en regímenes laborales. Así que las personas con discapacidad que trabajen de forma registrada perderán su pensión. Además de eliminar los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.
Además, el texto autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.
