El Gobierno argentino presentó este martes un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación apunta a frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al norte del archipiélago.
La solicitud busca preservar los derechos soberanos que reclama la Argentina sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas por el Reino Unido agraven la disputa por las islas. El Ejecutivo sostiene que Londres habilitó unilateralmente la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía está en disputa.
El reclamo se produjo después de que venciera el ultimátum de dos semanas que el presidente Javier Milei había dado al Reino Unido para que detuviera el proyecto. La presentación forma parte de una estrategia diplomática y judicial para intentar impedir el desarrollo petrolero.
El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa
Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Sus desarrolladores son la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que prevén comenzar la producción en 2028.
El emprendimiento podría transformar la economía del archipiélago, actualmente muy vinculada a la pesca. Para la Argentina, sin embargo, la explotación de hidrocarburos en esa zona constituye un avance sobre recursos que considera propios.
El canciller Pablo Quirno explicó que la presentación busca impedir el inicio o la continuidad del desarrollo de Sea Lion y cuestionó las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas.
Qué puede resolver el Tribunal del Mar
La solicitud argentina se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuyo artículo 290 permite pedir medidas provisionales para preservar los derechos de las partes o prevenir daños graves al medio marino, cuando se cumplen las condiciones previstas.
El planteo se inscribe en un procedimiento arbitral iniciado por la Argentina el 28 de septiembre. La presentación no significa que el Tribunal ya haya ordenado frenar las operaciones: ahora deberá analizar el pedido y determinar si corresponde adoptar medidas provisionales.
El Reino Unido, por su parte, sostiene que las actividades petroleras son legales y están reguladas por el gobierno de las islas. También rechaza que la Argentina tenga jurisdicción sobre el proyecto y anticipó que defenderá su posición.
La disputa vuelve a poner en primer plano el reclamo argentino de soberanía sobre las Malvinas y sus recursos naturales, en un conflicto que sigue sin resolverse por la vía diplomática.