El juez de Casación Penal Carlos Mahiques asistió el miércoles al Congreso para presentarse a una audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado, con el objetivo de que se extendiera su nombramiento por cinco años más. El juez cumple 75 años en septiembre, por lo que necesitaba del respaldo de la cámara para estirar su mandato.
A pesar de que la comisión aprobó el dictamen para extender a Mahiques por cinco años más en el cargo, el juez debió responder a las preguntas de los miembros de la comisión durante la audiencia. Allí le consultaron sobre el cumpleaños que celebró en una quinta en Pilar cuya propiedad se sospecha que pertenece al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, así como sobre su viaje a Lago Escondido.
En relación a su viaje al sur, Mahiques aseguró que no incurrió en ninguna irregularidad o violación ética y aclaró que sólo se trató de un “viaje de camaradas y amigos”.
“Con respecto a los asistentes, fue un viaje de camaradas, de amigos que no tuvo ningún otro objetivo que la distracción. Pero bueno, en ese momento me quedaban algunas cosas pendientes y aproveché parte de ese viaje para trabajar o para dar indicación en algún trámite de alguna causa, pero no fue un viaje de trabajo, obviamente”, expresó Mahiques.
También se refirió a su cumpleaños en la quinta en Pilar. El juez dijo que no comentaría sobre “trascendidos periodísticos”, aunque inmediatamente después agregó: “Lo que se dice en esos trascendidos no sucedió”.
El caso de Lago Escondido fue un viaje que en octubre de 2022 realizó un grupo de jueces, entre ellos, Carlos Mahiques, su hijo y actual ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y Julián Ercolini junto al exministro de Justicia de la Ciudad Marcelo D’Alessandro y a altos directivos del Grupo Clarín a la mansión del magnate británico Joe Lewis.
Se sospechaba que el encuentro tuvo como objetivo el armado de causas judiciales contra distintas figuras de la política, por lo que el caso fue investigado por la Justicia bajo el presunto delito de dádivas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, el juez Sebastián Ramos dictó la nulidad de la causa.