El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvo que dar de baja la licitación pública para concesionar una bóveda del Cementerio de la Recoleta con el objetivo de convertirla en un “gift shop” con cafetería y tienda de souvenirs. La medida responde a una decisión de la Justicia tras el reclamo de una heredera de los titulares del mausoleo.

La bóveda, ubicada en la Sección 17, Tablón 201, estuvo en el centro de la polémica luego de que se conociera el proceso de licitación para su concesión comercial por cinco años con un canon base de $1.600.000. Según indicaba la documentación oficial, el espacio cuenta con una superficie de 24,54 metros cuadrados e iba a estar destinado a la comercialización de alimentos y bebidas.

La decisión se había tomado debido a que se trataba de una bóveda antigua cuyos propietarios no pagaban el mantenimiento desde hacía varios años.

“Los 30 propietarios de la bóveda no pagan el mantenimiento desde hace 20 años y deben $22.215.070 por el período 2007/2026”, dijo a Clarín una fuente del Gobierno porteño.

A ese monto se le suman $15.587.653 por trabajos de reparación que, según la administración porteña, fueron realizados por la Ciudad.

Según aseguraron, pese al envío de cartas documento y la notificación a los titulares, nadie se ocupó del pago de la deuda por lo que, al igual que sucede en todos los cementerios, se procedió con el proceso judicial para expropiar la bóveda.

Sin embargo, todo cambió luego de la publicación de la licitación: los propietarios se presentaron y plantearon un recurso de amparo en la Justicia porteña.

El expediente judicial fue presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 6 por Lucía Girado, quien solicitó la nulidad del procedimiento que declaraba la caducidad de la concesión de la bóveda familiar.

Ante esto, el juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia, ordenó al Gobierno de la Ciudad abstenerse de dictar la caducidad del terreno formado por las sepulturas uno a 12 y demasía del número 201, Sección 17 del cementerio, y de disponer de una eventual licitación o remate público.

La medida también ordenó la suspensión de la Licitación Pública N°10002-1251-LPU26 para la concesión comercial de la bóveda.

En la resolución, el juez Gallardo señaló que “el cementerio, como bien jurídico, constituye un espacio de paz y descanso para los deudos y no un centro comercial”.

Adelantó que, a partir de la declaración de caducidad, el Gobierno habría iniciado una segunda etapa orientada a una explotación comercial onerosa y lucrativa en un lugar que podría estar fuera del comercio.