La Justicia frenó el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas y ordenó evaluar su impacto ambiental
La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar las obras vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum impulsan en aguas próximas a las Islas Malvinas. La medida cautelar fue dictada por la jueza Mariel Borruto y alcanza a las tareas de perforación, instalación de infraestructura submarina, extracción de hidrocarburos y obras terrestres y portuarias asociadas al emprendimiento.
La decisión surgió a partir de una acción preventiva por daño ambiental colectivo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
El proyecto Sea Lion se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, sobre un área que Argentina considera parte de su plataforma continental. La iniciativa contempla una explotación offshore de gran escala, con 23 pozos: 16 destinados a la producción de petróleo, seis para inyección de agua y uno para inyección de gas. También incluye una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga y una extensa infraestructura submarina.
El motivo por el que la Justicia decidió frenarlo
Uno de los puntos centrales de la resolución es que, según informó la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, no se había iniciado ningún procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para el proyecto ante las autoridades argentinas.
Para Borruto, esto resulta relevante porque la Ley General del Ambiente establece la necesidad de una evaluación previa para aquellas actividades que puedan producir una degradación significativa del ambiente.
La jueza aclaró que la medida no implica afirmar que el proyecto necesariamente vaya a provocar un daño ambiental. En cambio, sostuvo que justamente la evaluación ambiental es la herramienta que permite determinar qué impactos puede generar una actividad de estas características y qué medidas deberían adoptarse para prevenirlos o reducirlos.
En ese sentido, la resolución señala que las empresas “han omitido sustanciar el procedimiento legalmente previsto” para determinar si existe un daño y cómo debería prevenirse o mitigarse.
La cautelar permanecerá vigente hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional y se dicte la decisión correspondiente, o hasta que el propio juzgado determine modificarla o dejarla sin efecto.
Qué quedó prohibido
La orden judicial alcanza a prácticamente todas las tareas materiales vinculadas con el desarrollo de Sea Lion.
Entre ellas se encuentran la perforación del lecho y subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina, conductos y líneas de flujo, las estructuras de fondeo, la instalación de unidades flotantes de producción y almacenamiento y el inicio de la extracción comercial de hidrocarburos.
También quedaron alcanzadas las obras terrestres y portuarias destinadas a sostener la actividad offshore, como bases logísticas, ampliaciones portuarias, plantas de lodos y cemento, depósitos de productos químicos, infraestructura habitacional y apoyo aeronáutico.
La resolución también menciona distintos impactos potenciales que deberán ser evaluados: alteraciones del lecho marino, contaminación química, ruido submarino, descargas operativas, tránsito marítimo, afectación de mamíferos y aves marinas, emisiones y eventuales derrames de hidrocarburos.
La magistrada remarcó que esos daños no están determinados como inevitables, pero consideró que el proyecto es una actividad susceptible de producir modificaciones ambientales relevantes y, por lo tanto, requiere una evaluación previa.
La cuestión Malvinas también quedó en el centro
La causa no se limita a la discusión ambiental. Borruto sostuvo que el expediente también involucra la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
La jueza señaló que el reclamo del CECIM incluye entre sus objetivos la defensa de los derechos soberanos argentinos y consideró que la controversia “no se agota en una controversia técnico-ambiental”, sino que también involucra la defensa de la soberanía nacional como un interés federal.
En esa línea, la resolución sostiene que las normas argentinas resultan aplicables al emprendimiento por considerar que se proyecta sobre la plataforma continental argentina y los espacios marítimos correspondientes a las Islas Malvinas.
Las petroleras deberán informar cómo está el proyecto
Además de ordenar la suspensión, la Justicia intimó a Rockhopper y Navitas a presentar, dentro de los 10 días judiciales posteriores a su notificación, una declaración jurada y documentación sobre el estado del emprendimiento.
Deberán informar el avance de las obras, el cronograma previsto para la construcción, perforación y explotación, la cantidad y ubicación de los pozos, las unidades flotantes y equipos de perforación contratados, los contratistas y subcontratistas y la estructura societaria de las empresas.
También tendrán que aportar información sobre el financiamiento del proyecto, desembolsos realizados y pendientes, aseguradoras, estudios ambientales, evaluaciones de riesgo, posibles derrames, planes de contingencia y las autoridades ante las cuales hayan presentado estudios o solicitado autorizaciones.
La Justicia, además, pidió informes a organismos nacionales para determinar si existieron presentaciones ambientales, antecedentes administrativos, autorizaciones argentinas o actuaciones vinculadas con las actividades hidrocarburíferas de las compañías.
Un proyecto que el Gobierno de Milei también había puesto bajo la lupa
La resolución judicial se conoce en medio de una ofensiva del Gobierno nacional contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas.
El vocero presidencial Adrián Ravier había señalado que el proyecto Sea Lion tenía previsto comenzar la explotación offshore y que el Gobierno consideraba que se trataba de una actividad realizada sin autorización argentina. La Casa Rosada anunció además nuevas medidas para aplicar la Ley 26.659, sanciones contra empresas involucradas y un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La propia Justicia, sin embargo, dejó en claro que su decisión es cautelar y provisoria. La jueza aclaró que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre el fondo de la controversia.
Una vez que se incorporen los informes solicitados y las compañías intervengan en el expediente, el juzgado podrá mantener, modificar, ampliar o dejar sin efecto la medida.
Por ahora, el desarrollo material del proyecto Sea Lion queda frenado hasta que se sustancie la evaluación de impacto ambiental exigida por la Justicia.
