La jueza federal Maria Servini delegó la investigación que nuclea las denuncias contra el presidente Javier Milei por supuesta estafa y otros delitos vinculados a la maniobra con la cripto $LIBRA al fiscal Eduardo Taiano.

Servini había convocado a los denunciantes a ratificar las presentaciones hechas a raíz de lo ocurrido con $LIBRA de manera previa a dar vista a la fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación.

En el caso de la primera denuncia, sus firmantes ya se presentaron en los tribunales federales de Retiro para cumplir con el trámite y anticiparon su intención de ampliar los fundamentos.

Se trata de la acusación impulsada por el exdiputado Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Taiano se encontraba de licencia hasta este jueves.

En medio de todas las acusaciones, el propio Poder Ejecutivo dispuso la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en el ámbito del Ministerio de Justicia con el objetivo de recabar información, a través del Decreto 114/2025 y con la firma de Milei.

De esta manera, se instruyó a la Oficina Anticorrupción a iniciar las averiguaciones pertinentes para detectar eventuales hechos de corrupción relacionados con el uso de ese activo digital en la Administración Pública Nacional.

Según el texto oficial, la medida se toma en el marco de los principios de “publicidad y transparencia en la gestión pública”, los cuales permiten que la ciudadanía “ejerza el control democrático de las gestiones estatales” y evalúe si los funcionarios cumplen adecuadamente con sus funciones. El decreto establece que la UTI tendrá como misión “recabar los elementos relacionados con el criptoactivo ´$LIBRA´ con el fin de colaborar de forma rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”.

Para ello, podrá “requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios públicos, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional”, así como solicitar información a organismos provinciales, internacionales y de otros Estados.

Además, el decreto aclara que la UTI “no podrá emitir juicios sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial”. No obstante, se señala que su labor contribuirá a “dilucidar cualquier irregularidad relacionada al criptoactivo denominado ´$LIBRA´”.

El documento también destaca que la creación de la unidad investigadora “no irrogará gasto alguno para el Estado Nacional” y que se disolverá una vez finalizada su tarea.