Se defendió la jueza que declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil: “Es estigmatizante”
Laura De Marinis explicó por qué decidió no someter a un adolescente al nuevo Régimen Penal Juvenil y cuestionó los pedidos de juicio político impulsados en su contra. “Someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir”, sostuvo.
La jueza porteña Laura De Marinis habló después de la polémica que generó su decisión de sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y defendió los fundamentos de su resolución.
La magistrada explicó que no se trató de una decisión general contra el nuevo Régimen Penal Juvenil, sino de un análisis sobre las circunstancias particulares de ese adolescente y de ese expediente. La Fiscalía porteña apeló el fallo y pidió además que De Marinis sea apartada de la causa.
“Aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante”, sostuvo la jueza durante una entrevista con Radio Con Vos.
De Marinis explicó que el chico se encontraba fuera del sistema educativo y atravesaba dificultades para alimentarse. Según planteó, el Estado tomó conocimiento de esa situación a partir de la intervención de la Justicia penal.
“Se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional”, afirmó.
🚨 GRAVEDAD INSTITUCIONAL 🚨
— JEREMIAS RODRIGUEZ (@JereRodriguezOK) September 23, 2026
La jueza Larua De Marinis, denuncia persecución política y "Amenazas" por parte de @jorgemacri y @GabinoTapiaBA .
Que queda para nosotros los ciudadanos de a pie ...que somos perseguidos por esa justicia de mierda que viola todas las garantías… pic.twitter.com/jcX9TifBLv
Qué había pasado
El expediente se inició por un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años denunció que había sido perseguido por un grupo de adolescentes que intentó robarle el celular.
El robo finalmente no se concretó y los jóvenes fueron demorados por la Policía. El adolescente de 14 años era uno de los cuatro imputados y fue el único que quedó sobreseído.
En su resolución, De Marinis dispuso además que interviniera el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de implementar medidas de acompañamiento familiar, educativo y recreativo.
La jueza insistió en que su decisión no implica dejar sin efecto el nuevo régimen para todos los adolescentes. “La decisión que tomé fue en el caso concreto”, remarcó, y recordó que la resolución puede ser revisada por la Cámara a partir de la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal.
“Someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir”
Uno de los puntos centrales de la explicación de De Marinis fue su rechazo a que la primera respuesta estatal frente a un adolescente en situación de vulnerabilidad sea necesariamente la penal.
“Someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir”, afirmó.
La magistrada sostuvo incluso que una amonestación, aun cuando no implique una privación de la libertad, puede dejar un antecedente y tener consecuencias en futuras intervenciones judiciales.
Al mismo tiempo, aclaró que no cuestiona en términos generales la existencia del nuevo régimen. “La ley me parece una herramienta hermosa para poder armonizarla con la Convención y poder trabajar con los chicos en el día a día”, expresó.
Su cuestionamiento apunta a cómo debe aplicarse esa herramienta cuando se trata de un adolescente que, según las circunstancias acreditadas en el expediente, ya se encontraba atravesando una situación de vulnerabilidad sin una intervención previa efectiva del Estado.
La respuesta a los pedidos de juicio político
El fallo también provocó fuertes críticas políticas. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anticipó que impulsaría un pedido de juicio político contra la magistrada, mientras que otros dirigentes cuestionaron públicamente su decisión.
De Marinis respondió que una sentencia judicial debe ser cuestionada mediante las herramientas previstas por el propio sistema de Justicia.
“Mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales. Un juicio político es cuando uno no cumple con el desempeño de su función”, sostuvo.
Y agregó: “Que por el fundamento de mis decisiones me digan que van a iniciar un juicio político debilita las instituciones democráticas”.
La jueza también cuestionó que se presentara su resolución como un fallo vinculado con un hecho de violencia que no ocurrió dentro de las circunstancias del expediente. “Hablar de un fallo ‘manchado con sangre’ en este hecho me parece distorsionar lo que yo resolví”, afirmó.
Ahora será la Cámara la que deberá revisar la resolución. Hasta entonces, el caso seguirá abierto y el debate sobre la aplicación del nuevo régimen penal juvenil quedará atravesado por una pregunta que excede este expediente: qué respuesta debe dar el Estado cuando un adolescente que entra en contacto con la Justicia también presenta una situación previa de vulnerabilidad que nunca había sido atendida.
