En medio de los incendios que desde hace semanas arrasan amplias zonas de la Patagonia, el Gobierno declaró finalmente la Emergencia Ígnea en varias provincias patagónicas, aunque sin asignar fondos específicos ni establecer mecanismos concretos de financiamiento. La decisión, tomada por decreto, llegó luego de una creciente presión política y social, que este viernes se expresará en una movilización en la Ciudad de Buenos Aires convocada por organizaciones ambientalistas y distintos espacios políticos.

La norma declara la emergencia por un año en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa y designa a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad, como autoridad de coordinación para las tareas de combate del fuego, prevención y asistencia a las zonas afectadas. Sin embargo, el decreto no crea partidas presupuestarias nuevas, no fija montos ni detalla cómo se financiarán las acciones previstas, dejando cualquier refuerzo de recursos sujeto a decisiones administrativas posteriores del Poder Ejecutivo.

La medida se dispuso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros, y abarca tanto la presupresión y combate del fuego como la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos. El decreto también declara zona de desastre a los territorios comprometidos en esas provincias, en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.

Entre las funciones asignadas por el BO, figuran acciones de atención, prevención y mitigación de las consecuencias de los incendios sobre la vida, bienes, trabajo y medios de vida de las personas afectadas, así como la asistencia a los gobiernos provinciales y municipales para que puedan disponer de recursos efectivos tanto para combatir el fuego como para la recuperación posterior. Estas acciones deben realizarse en coordinación con los gobiernos de las provincias declaradas en emergencia y con los municipios de las zonas comprometidas.

Antes de oficializar la emergencia, la Casa Rosada intentó mostrar movimiento. En el propio Gobierno admiten que el fuego se convirtió en un problema político, no porque altere la lógica fiscal del mileísmo, sino porque expone un límite del discurso del ajuste: cuando las llamas avanzan, la motosierra deja de funcionar como explicación. En la madrugada del jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, que refuerza el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios, con más de $100.810 millones distribuidos entre 1.062 asociaciones, además de partidas para federaciones provinciales y fondos para capacitación.