La crisis en Paraguay hizo estallar el relato del ‘milagro económico’ de Santiago Peña
Por Patricio da Torre
Durante años, Paraguay fue presentado como una excepción en América Latina. Con una economía en expansión, baja inflación, impuestos reducidos y una política favorable a las inversiones, el país gobernado por Santiago Peña se convirtió en una referencia para quienes defendían un modelo de Estado reducido y baja presión tributaria. Sin embargo, la crisis de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país, volvió a poner bajo la lupa las bases de ese supuesto milagro.
La intervención del banco, dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP) el 3 de noviembre, abrió una crisis que excede al sistema financiero. La entidad tenía alrededor de tres millones de clientes y administraba una importante cantidad de fondos públicos. El episodio también adquirió una dimensión política por los vínculos que Peña mantuvo con el grupo propietario de Ueno: el mandatario fue socio hasta marzo de 2025, según reconstruyó elDiarioAR en una investigación publicada por Alejandro Rebossio.
El Banco Central explicó que decidió iniciar el procedimiento de resolución después de constatar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo requerido, luego de ajustes realizados a sus estados financieros durante un proceso de regularización. El organismo sostuvo que la medida buscaba proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.
La oposición anunció que impulsaría un juicio político contra el Presidente, mientras el caso abrió interrogantes sobre la relación entre el poder político, el sector financiero y la utilización de recursos estatales. La discusión dejó al descubierto una contradicción central: el país que durante años fue promocionado como un ejemplo de estabilidad también arrastra problemas estructurales de informalidad, desigualdad y falta de inversión pública.
Un crecimiento que no llega a todos
Uno de los principales argumentos utilizados para presentar a Paraguay como un modelo económico fue su crecimiento sostenido. Entre 2001 y 2025, la economía registró una expansión promedio del 3,5% anual, con un crecimiento del 6,6% en el último año de ese período, de acuerdo con los datos citados por elDiarioAR.
Pero detrás de esos números aparece una estructura productiva muy concentrada. La economía depende en buena medida de las exportaciones de soja, carne y otras materias primas, por lo que su desempeño está condicionado por los precios internacionales y las condiciones del mercado externo.
La economista Alhelí Cáceres, presidenta de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, cuestionó que ese desempeño pueda considerarse un milagro. ‘Yo no hablaría de un milagro económico, sino más bien de un modelo de acumulación de capital’, sostuvo.
Su diagnóstico apunta a la falta de una transformación productiva profunda. El crecimiento no estuvo acompañado por un desarrollo industrial de magnitud ni por aumentos suficientes de productividad y competitividad. En otras palabras, Paraguay logró expandir su economía, pero sin modificar sustancialmente las bases de un esquema dependiente del sector primario exportador.
La economista Verónica Serafini, investigadora del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), también cuestionó la manera en que se construyó el relato del éxito. ‘La mirada del milagro económico paraguayo, así como se da a nivel internacional y como se habla aquí también, es solamente macroeconómica’, afirmó.
Para Serafini, no alcanza con observar las condiciones que ofrece un país para atraer inversiones. También es necesario analizar cómo vive la población y si el crecimiento se traduce en mejores servicios, empleos de calidad y oportunidades.
En ese sentido, Paraguay ocupa el puesto 13 entre 19 países latinoamericanos en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas y el lugar 99 a nivel mundial. Los indicadores sociales habían mostrado mejoras entre 2003 y 2013, pero comenzaron a deteriorarse a partir de 2014, según el análisis de la economista.
Impuestos bajos y un Estado con pocos recursos
Otro de los pilares del modelo paraguayo es su reducida presión tributaria. La recaudación equivale aproximadamente al 11% del Producto Bruto Interno, una proporción muy inferior a la de otros países de la región. Como referencia, el artículo de elDiarioAR compara ese indicador con el de Argentina, donde alcanza el 27%.
La baja carga impositiva suele presentarse como una ventaja para las empresas y los inversores. Sin embargo, también limita los recursos disponibles para financiar infraestructura, educación, salud y políticas sociales.
Cáceres cuestionó especialmente la distribución de esa carga. Según explicó, el sistema paraguayo depende en gran medida de impuestos indirectos, como el IVA, que gravan el consumo y afectan proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos.
‘Prácticamente no existen impuestos al capital. La mayor parte del peso recae sobre impuestos indirectos que gravan el consumo, como el IVA’, señaló la economista.
También sostuvo que los sectores de mayor concentración económica tienen una contribución reducida en comparación con el peso que soportan los trabajadores y consumidores. Esa estructura, advirtió, dificulta que el Estado pueda desarrollar políticas productivas y sociales de largo plazo.
Serafini vinculó directamente la debilidad de la recaudación con los límites del gasto público. Aunque el nivel de deuda sobre el PBI puede parecer moderado en comparación con otros países, la escasez de ingresos tributarios obliga al Estado a recurrir al endeudamiento para cubrir sus compromisos.
‘Con eso es imposible financiar un país, una política productiva, una política industrial, una política energética’, advirtió la investigadora al referirse a la baja presión tributaria.
El resultado es una paradoja: el esquema que busca atraer capital mediante impuestos reducidos también restringe la capacidad estatal para construir las condiciones necesarias para recibir inversiones de mayor calidad.
Informalidad, salarios bajos y pobreza
La situación del mercado laboral es otra de las principales debilidades del modelo. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay, la ocupación informal llegó al 60,1% en 2025, lo que representa alrededor de 1,66 millones de personas.
El indicador incluye a trabajadores independientes que no están inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes y a empleados que no aportan a un sistema de jubilación o pensión.
La informalidad implica que una parte importante de la población trabaja sin protección social, con ingresos inestables y sin garantías de acceso a una jubilación. También reduce la capacidad de los trabajadores para negociar mejores condiciones laborales.
Cáceres sostuvo que el modelo productivo paraguayo no consigue incorporar a toda la fuerza de trabajo que genera la expansión económica. En su análisis, la precarización laboral y los salarios reducidos funcionan, además, como factores que atraen inversiones.
La pobreza monetaria, por su parte, registró una disminución en las estadísticas oficiales: pasó del 19,6% en 2024 al 16% en 2025, mientras que la pobreza extrema bajó del 3,7% al 2,4%. Sin embargo, el propio Instituto Nacional de Estadística estimó que, sin las transferencias estatales, la pobreza habría alcanzado el 19,9%.
Para Serafini, esos datos deben analizarse junto con la vulnerabilidad de los hogares y la calidad del empleo. La reducción de la pobreza no significa necesariamente que la población haya alcanzado condiciones laborales y sociales estables.
El sistema previsional también exhibe dificultades. De acuerdo con las estimaciones citadas en la investigación, menos del 20% de los trabajadores realiza aportes al sistema. Entre las personas mayores, apenas una parte reducida cuenta con una jubilación contributiva, mientras que la mayoría depende de pensiones no contributivas cuyo monto equivale a una fracción del salario mínimo.
Salud y educación: el costo de la baja recaudación
Las limitaciones del Estado también se reflejan en servicios esenciales. En materia sanitaria, Serafini advirtió que casi la mitad del gasto en salud sale directamente del bolsillo de las familias. Eso significa que el acceso a medicamentos, tratamientos y consultas depende en buena medida de la capacidad económica de cada hogar.
La economista describió un sistema que no logra garantizar una cobertura suficiente para toda la población y señaló que las dificultades de infraestructura, insumos y medicamentos afectan especialmente a quienes dependen de la atención pública.
En educación, Paraguay destina entre el 3% y el 3,5% del PBI, según las cifras mencionadas en el informe. Esa inversión queda lejos del 6% que recomienda la Unesco como referencia para el financiamiento del sector.
La falta de recursos se traduce en problemas de infraestructura, formación docente y calidad educativa. Para Serafini, esas carencias también condicionan las posibilidades de desarrollo económico: un país que no invierte lo suficiente en educación y salud encuentra mayores dificultades para mejorar la productividad y atraer inversiones de mayor valor agregado.
Así, el bajo nivel de impuestos que se presenta como una ventaja competitiva termina teniendo un costo social y productivo. La falta de recursos públicos limita la capacidad de mejorar las condiciones que necesita la propia economía para diversificarse.
Ueno Bank y las sospechas sobre los vínculos con el poder
La crisis de Ueno Bank puso en primer plano otra dimensión del modelo paraguayo: la relación entre el Estado y los grupos económicos.
La entidad había adquirido un peso significativo dentro del sistema financiero y mantenía una importante participación de depósitos públicos. Según la investigación de elDiarioAR, los fondos estatales depositados en el banco llegaron a unos US$869 millones.
El vínculo de Peña con el grupo propietario de la entidad agregó un componente político al episodio. El Presidente fue socio hasta marzo de 2025, antes de que se desatara la crisis que terminó con la intervención del banco.
El caso generó cuestionamientos sobre los controles institucionales, los posibles conflictos de intereses y la relación entre funcionarios públicos y empresas privadas. Serafini consideró que el problema de fondo es la debilidad de las reglas destinadas a prevenir la llamada puerta giratoria, el uso de información privilegiada y las incompatibilidades entre cargos públicos y negocios privados.
La economista advirtió que la falta de controles y la percepción de impunidad pueden generar incentivos para incumplir las normas. También señaló que las consecuencias de una crisis financiera no se limitan a los ahorristas: pueden afectar la cadena de pagos, las empresas, el empleo y la confianza en el sistema.
Cáceres, por su parte, interpretó el episodio como parte de una disputa entre sectores de poder económico y político. En su análisis, el crecimiento de un nuevo grupo financiero habría modificado el equilibrio entre los sectores tradicionales vinculados al agronegocio, el comercio y las finanzas.
La investigadora describió esa disputa como una confrontación dentro de las propias élites económicas paraguayas. También sostuvo que una eventual salida de Peña del poder no necesariamente implicaría un cambio de rumbo, porque considera que el esquema tiene raíces anteriores a su gobierno.
Por el momento, las responsabilidades individuales y las eventuales irregularidades deberán establecerse a través de las investigaciones correspondientes. La intervención del Banco Central, por sí sola, no demuestra la existencia de delitos ni permite atribuir responsabilidades penales al Presidente.
El modelo que miran desde Argentina
La crisis paraguaya tiene una resonancia particular en Argentina, donde distintos sectores políticos y económicos han presentado al país vecino como un ejemplo de baja presión tributaria, apertura a las inversiones y menor intervención estatal.
El propio presidente Javier Milei reivindicó en distintas oportunidades modelos de reducción del gasto público y de impuestos como parte de su programa económico. En ese debate, Paraguay suele aparecer como una referencia regional por sus condiciones para atraer capitales.
Pero las dificultades que quedaron expuestas tras la crisis de Ueno Bank obligan a mirar el cuadro completo. La expansión económica convive con una informalidad que supera el 60%, una estructura productiva concentrada, bajos niveles de recaudación y servicios públicos que enfrentan problemas de financiamiento.
El empresario paraguayo Salomón Ramírez Santa Cruz, entrevistado por elDiarioAR, resumió su diagnóstico con una frase contundente: ‘El modelo paraguayo ya explotó’.
La afirmación expresa una mirada crítica sobre un esquema que, según los especialistas consultados, no consiguió transformar el crecimiento macroeconómico en desarrollo extendido al conjunto de la sociedad.
La crisis de Ueno Bank no explica por sí sola todos los problemas de Paraguay ni invalida automáticamente cada uno de sus indicadores económicos. Pero sí funciona como un detonante para revisar las bases de un relato que durante años mostró la estabilidad y la llegada de inversiones sin poner en primer plano sus costos sociales, productivos e institucionales.
Detrás del llamado ‘milagro paraguayo’ aparece, así, una pregunta que también atraviesa el debate argentino: cuánto puede sostenerse un modelo de crecimiento cuando la mayor parte de la población trabaja en condiciones precarias y el Estado recauda demasiado poco para garantizar servicios públicos de calidad.
