La Canasta de Servicios Públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una suba del 4,6% en julio y pasó a representar el 15% de los ingresos salariales promedio de los hogares de la región, de acuerdo con un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de UBA-Conicet.

El aumento estuvo explicado principalmente por el incremento estacional en el consumo de gas y electricidad, producto de las bajas temperaturas, y por las actualizaciones aplicadas a las tarifas de distintos servicios. El agua fue la única prestación que mostró una reducción durante el mes.

El transporte continúa siendo el principal componente de la canasta y concentra el 40% del gasto total. En julio, el costo destinado a movilidad de las familias aumentó 3,7% respecto de junio.

En el caso del gas, el cargo fijo tuvo una actualización del 2,8%, mientras que el componente variable subió 3%. A estos incrementos se sumó el mayor consumo propio del período invernal, lo que derivó en un aumento del 5,2% en el valor de las facturas.

La electricidad presentó el mayor impacto entre los servicios analizados. El cargo fijo aumentó 3% y el variable 5,7% para los usuarios sin subsidios. Con el incremento de la demanda por el invierno, el gasto de los hogares en energía eléctrica creció 12,5% en comparación con junio.

En transporte, las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires aplicaron un aumento del 4,1%, mientras que los servicios interjurisdiccionales subieron 3,2%. En conjunto, el gasto de las familias en este rubro avanzó 3,7%.

Por el contrario, el servicio de agua registró una baja del 4,6%. El resultado se explicó por una reducción del 7,7% en el componente variable, pese a que julio cuenta con un día más de consumo. La modificación respondió a un descuento aplicado por el ERAS para limitar el aumento mensual del servicio al 3%, según establece la normativa vigente.

El informe también señaló que, con el esquema tarifario actual, los usuarios cubren en promedio el 54% del costo de producción de los servicios públicos, mientras que el Estado financia el 46% restante mediante subsidios.