Además, advirtió que “La brecha entre aprobación y desaprobación alcanza casi 20 puntos, consolidando un saldo negativo para el gobierno en la opinión pública”.
Los datos de QMonitor reflejaron un clima social mayoritariamente crítico. La proporción de quienes evaluaron negativamente la situación del país se mantuvo dominante durante todo el período analizado, con picos cercanos al 50% en la categoría “mal”.
Al mismo tiempo, la percepción positiva permaneció minoritaria, con niveles que oscilaron entre el 17% y el 28%. Este desequilibrio evidenció un contexto de insatisfacción extendida en el plano económico y social.
Uno de los datos más relevantes surgió en torno a la atribución de la crisis económica. Por primera vez, quienes responsabilizaron a las decisiones actuales del gobierno alcanzaron el 46,9%, superando a quienes señalaron a la gestión anterior, que quedaron en 41,6%.
Este cambio marcó un quiebre respecto de 2024 y buena parte de 2025, cuando el oficialismo logró sostener la narrativa de la “herencia recibida” como principal explicación de la crisis.
El paquete de reformas impulsado por el gobierno apareció como uno de los factores centrales en el deterioro de la imagen. En particular, la reforma laboral generó un rechazo mayoritario.
El 44,6% se manifestó en desacuerdo con el proyecto aprobado por el Congreso, mientras que el 35,1% expresó apoyo.
La percepción social también resultó desfavorable en cuanto a sus efectos:
El 53,6% consideró que beneficiará principalmente a los empleadores.
El 66,2% sostuvo que perjudicará a los trabajadores.
Solo el 5,7% creyó que los empresarios serán los afectados.
En términos económicos, el pesimismo fue aún más marcado. El 56,5% anticipó una caída del empleo, frente a un 26,8% que esperó mejoras. A su vez, el 56% proyectó recesión, mientras que apenas el 26,9% estimó crecimiento.
La encuesta de Pulso Research aportó otro dato clave: el 52,7% consideró que el rumbo del gobierno es incorrecto, mientras que solo el 33% lo evaluó como acertado.
En la misma línea, el análisis sobre el ajuste económico mostró que el 47,2% opinó que no se está ajustando donde corresponde, contra un 18,1% que respaldó plenamente la estrategia oficial.
Además, el impacto social del programa económico fue percibido como amplio: el 33,8% afirmó que afecta a toda la población, mientras que el 29,6% señaló específicamente a los trabajadores y el 15,1% a los jubilados.
El deterioro de la gestión no se tradujo automáticamente en una consolidación opositora. Los datos evidenciaron un escenario fragmentado.