Los ejemplos abundan. En la Ciudad de Buenos Aires, Marta Beatriz Fernández, 75 años, jubilada de la administración pública porteña, empezó hace un año a limpiar casas de conocidos en Caballito y Almagro.
“Trabajé 35 años en el Estado. Cuando me jubilé pensé que iba a estar justa, pero tranquila. Con lo que cobro hoy no pago medicamentos, expensas y supermercado”, cuenta.
Hasta hace poco, sus dos hijos la ayudaban a completar gastos. “Ahora ya no pueden. A uno le nació el segundo hijo hace tres meses y están con la soga al cuello. Entonces yo salgo a limpiar para sostenerme y si puedo les doy una mano”, explica la mujer que trabaja cuatro veces por semana.
La escena se repite en distintos barrios porteños. “Muchísimos jubilados y jubiladas o pensionados están trabajando en limpieza, cuidado de enfermos, venta ambulante, jardinería y otros rubros”, señala Nora Biaggio, docente jubilada y referente del Plenario de Trabajadores Jubilados.
Con una jubilación mínima que, con el bono incluido, ronda los 429.000 pesos, “nadie puede vivir un mes”, afirma. “Solo los medicamentos, que ahora hay que pagar, insumen la mayoría de los haberes”.
El IAG vincula el fenómeno con el encarecimiento de medicamentos y servicios de salud, así como con la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones. En paralelo, el trabajo desprotegido alcanza al 44,2% de los ocupados y supera por primera vez los 6 millones de personas.
La precarización también atraviesa a Raúl Osvaldo Benítez, 80 años, que vive en un departamento alquilado en Chacarita. Durante cuatro décadas trabajó en una imprenta en la Ciudad. Se jubiló hace 15 años, pero desde 2024 maneja un Uber al menos ocho horas por día.