Investigan si Milei usó recursos del Estado para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro
La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó una investigación para determinar si funcionarios del gobierno de Javier Milei utilizaron vehículos oficiales, personal y fondos públicos para facilitar el ingreso, la permanencia y la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina rumbo a Estados Unidos. La causa quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, en los tribunales de Comodoro Py, y busca establecer quiénes intervinieron y si existieron instrucciones políticas para asistir al dirigente brasileño.
La investigación se inició a partir de denuncias presentadas por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y el diputado nacional Esteban Paulón. Entre las posibles irregularidades se mencionan el uso de automóviles oficiales, viáticos y personal estatal para facilitar los movimientos de Bolsonaro y su familia. La Fiscalía busca determinar si se trató de una colaboración autorizada o de una utilización irregular de recursos que pertenecen a todos los argentinos. Por ahora, no hay funcionarios imputados.
El episodio ocurrió después de la derrota electoral de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El dirigente brasileño salió de su país junto con su esposa y sus dos hijas, atravesó la frontera por Puerto Iguazú y abordó un avión privado de la empresa Baires Fly con destino a Estados Unidos, con una escala en Ecuador. Su salida quedó bajo la lupa porque enfrentaba investigaciones judiciales en Brasil y restricciones vinculadas con sus documentos de viaje.
La jueza Capuchetti ya había ordenado preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú, además de requerir información a Migraciones, Cancillería y el Ministerio de Seguridad. La intención es reconstruir los movimientos de la familia entre el 27 y el 28 de octubre, identificar los controles realizados y establecer si hubo comunicaciones entre autoridades argentinas y brasileñas.
El Gobierno de Milei defendió el procedimiento y sostuvo que Bolsonaro ingresó con documentación válida y que no existían alertas internacionales que obligaran a impedir su tránsito. De hecho, la denuncia por una eventual irregularidad migratoria fue archivada en Misiones luego de que Interpol y Migraciones informaran que no había órdenes de captura ni restricciones internacionales vigentes que impidieran su ingreso o salida. Pero ese archivo no cerró la investigación de Comodoro Py sobre el posible uso de recursos públicos, que constituye un expediente distinto.
El caso tiene además una dimensión política y diplomática: Milei respaldó abiertamente a Bolsonaro durante su campaña y mantiene una alianza ideológica con el sector de la derecha brasileña. Mientras el Gobierno argentino exige controles y mano dura en otros ámbitos, ahora la Justicia deberá determinar si puso la estructura estatal al servicio de un dirigente aliado y si se utilizaron recursos públicos para facilitar su traslado al exterior.
