Los enfrentamientos comenzaron minutos antes de las 16, cuando un grupo de personas encapuchadas empezó a arrojar piedras y otros objetos contundentes contra las fuerzas de seguridad apostadas detrás de las vallas. También se registraron destrozos de baldosas y bancos de cemento en la plaza.
La respuesta policial incluyó gases lacrimógenos y camiones hidrantes, que lanzaron chorros de agua contra quienes estaban en las inmediaciones del Congreso. El operativo se extendió por las calles cercanas y afectó incluso a quienes participaban del acto central de la marcha.
Mientras los dirigentes universitarios intentaban leer el documento consensuado por la comunidad educativa, el humo de los gases alcanzó el escenario y obligó a interrumpir la lectura. La movilización, convocada para reclamar por la educación pública, terminó así marcada por las escenas de represión y enfrentamiento.
Detenciones y trabajadores de prensa agredidos
Según la información oficial difundida tras los incidentes, hubo 31 personas detenidas y ocho policías heridos. Además, trabajadores de prensa que cubrían la movilización quedaron expuestos a situaciones de violencia. Un camarógrafo de C5N fue golpeado en vivo por un hombre encapuchado mientras registraba lo que ocurría en la zona.
Durante la jornada también hubo denuncias sobre la presencia de posibles infiltrados entre quienes iniciaron los disturbios. Esas sospechas circularon entre manifestantes y fueron recogidas por distintos medios, pero no permiten establecer por sí solas quiénes eran esas personas ni si actuaban por encargo de alguna organización.
La violencia de un grupo no borra el reclamo de miles de personas que se movilizaron por el financiamiento universitario. Tampoco puede confundirse la totalidad de la marcha con los episodios de destrozos y enfrentamientos registrados en un sector de la plaza.
El reclamo que quedó detrás de los incidentes
La quinta Marcha Federal Universitaria se realizó para exigir que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada después de que Milei intentara vetarla. Las universidades advierten que el presupuesto previsto por el Ejecutivo para 2027 resulta insuficiente: mientras el proyecto contempla alrededor de $7,3 billones, el Consejo Interuniversitario Nacional estima que se necesitan cerca de $11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema.
Los gremios docentes y no docentes también reclaman una recomposición salarial acumulada del 33,4%, además de actualizaciones para becas y recursos destinados a las instituciones. El conflicto se desarrolla mientras el Gobierno mantiene su disputa con la comunidad universitaria por el financiamiento y la aplicación de la ley.
La represión impidió que el acto de cierre se desarrollara con normalidad y volvió a colocar el accionar de las fuerzas de seguridad en el centro de la escena. El reclamo por la universidad pública quedó atravesado por los gases, los hidrantes y las detenciones, mientras sigue sin resolverse la disputa por los fondos que necesita el sistema educativo.