Un nuevo revés judicial sufrió el empresario Guillermo Tofoni en el marco de su disputa con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego que un juez federal de Georgia rechazó que utilice la documentación obtenida en Estados Unidos para causas penales en Argentina.

El fallo indicó además que parte de ese material fue distribuido a periodistas y presentado ante otros tribunales argentinos, pese a que existía una orden de protección que limitaba expresamente su uso.

Ante esta situación, el juez de Georgia le ordenó a Tofoni que notifique a todas las personas y entidades que recibieron esa documentación para que sea devuelta o destruida y le puso un plazo de 14 días para poder llevarlo a cabo.

En tanto, se informó que la decisión fue firmada el 21 de julio y está enmarcada en un proceso iniciado por Tofoni al amparo del artículo 1782 del Código de los Estados Unidos, una norma que permite obtener pruebas en territorio estadounidense para ser utilizadas en litigios extranjeros.

En ese sentido, se indicó que el juez recordó que esos documentos solo habían sido autorizados para ser utilizados en una demanda civil presentada por Tofoni contra la AFA en Argentina.

Exigencia de restitución y certificación en 14 días

Frente a esta situación, el magistrado rechazó la moción de autorización presentada por la defensa de Tofoni y le fijó un plazo estricto de 14 días para cumplimentar tres exigencias:

• Notificación por escrito: Informar a cada persona o entidad receptora de los materiales de Tourprodenter que dichos documentos están bajo una Orden de Protección y solicitar formalmente su devolución o destrucción.

• Acciones de recuperación: Adoptar todas las medidas razonables para asegurar el recupero o la eliminación de la información en manos de terceros no autorizados.

• Certificación ante el Tribunal: Presentar un informe revisado que acredite ante la Corte el cumplimiento efectivo de la medida.

El trasfondo del litigio internacional

La disputa legal, que involucra denuncias impulsadas por Tofoni contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino por supuesta defraudación y lavado de dinero vinculados a contratos comerciales de la Selección Argentina, encontró así un freno normativo clave en Norteamérica.

En las consideraciones finales de la resolución firmada el 21 de julio, el tribunal remarcó que ni el agente ni su defensa técnica lograron demostrar que la legislación argentina permitiera exigir la presentación de registros bancarios privados de una sociedad extranjera para iniciar investigaciones penales de esta naturaleza, ratificando los límites del auxilio judicial internacional.