En tanto, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados anunció que acaba de iniciar una revisión integral de los mecanismos de compra y provisión de insumos en sus delegaciones con el objetivo de eliminar prácticas discrecionales, que según afirma un comunicado de la entidad fueron “heredadas de gestiones anteriores”.
Según detallaron desde el organismo, “durante años el PAMI fue utilizado con fines políticos, estableciendo estructuras clientelares en distintas regiones del país y convirtiendo al Instituto en una herramienta para negocios privados al margen de la ley”. Con esta iniciativa, la actual gestión busca poner fin a estas dinámicas mediante una política centrada en el “orden institucional, la transparencia y el control del uso de los recursos”.
De acuerdo a lo informado en el comunicado, uno de los hallazgos más relevantes en esta etapa inicial fue el uso excesivo de las denominadas “vías de excepción” para la entrega de medicamentos e insumos. Este mecanismo, que debería utilizarse solo en casos extraordinarios, se aplicaba con frecuencia para evitar licitaciones y otros procedimientos administrativos, lo que generaba un “contexto propicio para la falta de transparencia y posibles desvíos de fondos públicos”.
Por su parte, Esteban Leguizamo, director ejecutivo del organismo nacional, busca “cortar de raíz las irregularidades en la compra y provisión de insumos”, un mecanismo utilizado reiteradamente por el mandatario en gestiones pasadas.
El funcionario fue nombrado titular del PAMI por el presidente Javier Milei ni bien asumió a fines del 2023. Reconocido en el ámbito sanitario, Leguizamo se desempeñaba como Director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) VI de la entidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la más grande de la agencia gubernamental.
Durante esa gestión, el ahora titular del PAMI hizo uso en reiteradas ocasiones de las “vías de excepción”, un mecanismo que debe utilizarse solo en circunstancias excepcionales para la entrega de medicamentos, insumos y tratamientos.
En 2022, Leguizamo, en ese momento titular de la UGL en Capital, había sido denunciado por la legisladora porteña Graciela Ocaña, y el ministro de Defensa, Luis Petri, en una causa por supuestos desvíos de fondos de la central de jubilados en favor de entidades que responden a La Cámpora, pero finalmente se dictó la falta de mérito.
A fines de 2024, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y Leguizamo fueron llamados en dos oportunidades “a los fines de que informen sobre diversas cuestiones relacionadas con el acceso a medicamentos de los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”. Jamás se presentaron.