España anuncia un freno a los desalojos hasta 2030 tras la ola de protestas por Maricarmen
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un paquete de medidas para reforzar la protección de personas vulnerables frente a los desalojos y extender hasta 2030 el llamado “escudo social” de vivienda. El anuncio llegó después de las fuertes protestas provocadas por el desalojo de Maricarmen, una jubilada madrileña de 87 años que llevaba cerca de siete décadas viviendo en el mismo departamento.
El Consejo de Ministros aprobó este martes dos decretos-ley que ahora deberán ser convalidados por el Congreso. El paquete también contempla una prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler, límites a las actualizaciones de algunas rentas y medidas sobre los alquileres temporarios y por habitaciones.
El Consejo de Ministros aprobó este martes dos decretos-ley y el Ejecutivo pidió al Congreso que los convalide de manera urgente. La sesión está prevista para este viernes, por lo que las medidas todavía deberán superar el trámite parlamentario.
El paquete busca extender hasta 2030 la protección frente a los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad, aunque el detalle de las medidas contempla distintas condiciones y supuestos. También incluye una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, límites a determinadas subas y nuevas reglas para los alquileres temporarios y por habitaciones.
🇪🇸 ESPAÑA | TENSIÓN POR LA VIVIENDA
— Kontrapeso (@kontrapeso) September 29, 2026
Manifestantes bloquearon la avenida Diagonal de Barcelona para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez soluciones a la crisis de vivienda y los desalojos. La protesta terminó con enfrentamientos y dos detenidos. pic.twitter.com/YMwPCLWnyJ
El caso que desató las protestas
Maricarmen Abascal fue desalojada el 23 de septiembre de la vivienda que alquilaba en el distrito madrileño de Retiro. Había vivido allí durante aproximadamente 70 años.
El operativo terminó con la mujer retirada de su vivienda en camilla y generó una fuerte reacción social. Organizaciones por el derecho a la vivienda instalaron un acampe en la Puerta del Sol y convocaron movilizaciones en otras ciudades españolas.
El caso llegó incluso al Gobierno. Sánchez calificó el desalojo como una “tragedia social que no podemos aceptar” y reclamó avanzar con medidas para reforzar la protección de los sectores vulnerables.
Este martes, además, apareció una posible salida para la jubilada: su abogada informó que la empresa propietaria del departamento le ofreció un nuevo contrato que podría permitirle regresar a la vivienda, con un alquiler similar al que pagaba anteriormente. Maricarmen todavía no confirmó si aceptará la propuesta.
Qué anunció el Gobierno español
La principal medida extiende hasta 2030 la protección frente a los desalojos de determinados hogares vulnerables, aunque su aplicación estará sujeta a requisitos específicos.
El paquete también establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual que finalicen antes de diciembre de 2028. En algunos alquileres, además, la actualización de la renta quedará limitada al 2% cuando no exista un nuevo acuerdo entre propietario e inquilino.
El Ejecutivo también busca limitar determinadas operaciones inmobiliarias de grandes inversores y fomentar el alquiler a precios más accesibles mediante incentivos fiscales.
Las medidas llegan en medio de una creciente presión de organizaciones de inquilinos, que reclaman controles sobre los alquileres y mayor protección frente a los desalojos. Las movilizaciones posteriores al caso Maricarmen llevaron el problema habitacional nuevamente al centro de la agenda política española.
Ahora el Gobierno deberá conseguir los votos necesarios en el Congreso para mantener vigente el paquete de medidas, en un Parlamento donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría propia.
