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Escracharon a Karen Reichardt en la presentación de su proyecto para regularizar los criaderos

a presentación del proyecto de ley 3401-D-2026 en el Congreso de la Nación, impulsado por la diputada nacional de La Libertad Avanza Karen Reichardt, ha desatado una profunda e intensa controversia en los ámbitos parlamentario, mediático y social del país.

La iniciativa legislativa propone fijar presupuestos mínimos a nivel federal para la regulación, habilitación, fiscalización y control de todos los establecimientos que alberguen animales de compañía, un espectro amplio que incluye desde criaderos comerciales hasta refugios, hogares de tránsito y pensionados.

Según los argumentos expresados por la propia legisladora en diversos medios, la intención fundamental de la propuesta radica en ordenar una actividad que actualmente adolece de una fuerte dispersión normativa e informalidad regulatoria en el país, buscando combatir la proliferación de establecimientos clandestinos a través de un esquema unificado de supervisión.

Para cumplir con este propósito, la norma plantea la creación obligatoria del Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía (RNEAC). Bajo este esquema, cualquier espacio físico destinado a la permanencia de caninos o felinos deberá formalizar su inscripción legal como requisito ineludible para su funcionamiento, debiendo además ajustarse a estrictos protocolos edilicios, sanitarios, éticos y genéticos orientados al bienestar animal.

El punto más polémico y criticado de la iniciativa radica en que el texto normativo incorpora bajo un mismo marco y estándar regulatorio a dos sectores de naturaleza intrínsecamente opuesta: los criaderos comerciales de animales de raza y las organizaciones sin fines de lucro destinadas al rescate de animales en situación de vulnerabilidad o abandono.

Diferentes entidades de defensa de los derechos de los animales, como la organización Proyecto Galgo Argentina, han denunciado con contundencia que regular el negocio de la cría de seres sintientes equivale a consolidar y legitimar la explotación comercial de la fauna urbana en lugar de avanzar hacia su abolición definitiva.

La controversia escaló a niveles de escándalo público, en los cuales referentes mediáticos del proteccionismo se hicieron presentes en la presentación del proyecto y le reprocharon con vehemencia el presunto beneficio implícito que la ley otorgaría a la compraventa de mascotas, en detrimento de la adopción responsable de los millones de ejemplares que hoy carecen de un hogar. 

Por otra parte, las protectoras alertan sobre el peligro de desfinanciamiento y potencial clausura que sufrirían los refugios solidarios al verse asimilados legalmente a las exigencias burocráticas y edilicias de un emprendimiento privado lucrativo.

Redacción Somos Citrica

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