La Armada Argentina apartó de sus funciones a diez militares involucrados en el escándalo por el desvío de casi $1.000 millones a través del sistema de liquidación de salarios y abrió un proceso disciplinario que podría terminar con la expulsión de los efectivos de la fuerza.

La medida fue dispuesta por el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, después de que una investigación interna reconstruyera 645 acreditaciones indebidas a 23 personas entre julio de 2022 y enero de 2026. El monto histórico detectado asciende a $981.148.567,88.

Entre los 23 beneficiarios identificados hay diez militares y 13 personas ajenas a la Armada. De acuerdo con la investigación, cuatro de esos beneficiarios externos recibieron en conjunto más de $434 millones, equivalentes al 44,25% del total detectado.

La destitución todavía no es automática

Aunque desde Defensa se habló de avanzar con la expulsión de los involucrados, formalmente los diez militares todavía no fueron destituidos. Fueron separados de sus cargos y quedaron sometidos a una instrucción disciplinaria por una falta considerada “gravísima”.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, había ordenado avanzar con los Consejos de Disciplina y fue contundente al referirse al caso: “Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes”.

También sostuvo: “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un Consejo de Disciplina, desde el punto de vista militar, pasen ya a ser destituidos”.

El procedimiento deberá analizar individualmente la situación de cada militar, garantizar su derecho de defensa y determinar las sanciones correspondientes. La destitución es la máxima sanción prevista, pero todavía no fue aplicada de manera automática.

Cómo funcionaba la maniobra

El caso comenzó a descubrirse en febrero, cuando una revisión de los haberes detectó cinco pagos que no correspondían. Ese primer hallazgo llevó a ampliar los controles y revisar períodos anteriores.

La investigación encontró diferencias entre los salarios efectivamente liquidados y los archivos enviados al Banco Nación para realizar las acreditaciones. Allí aparecieron pagos que no figuraban en los recibos, duplicaciones y transferencias a personas que ni siquiera tenían relación con la Armada.

Según la investigación interna, las modificaciones se realizaban después de los controles habituales y antes del envío definitivo de los archivos al banco. De esa manera podían incorporarse pagos que no tenían respaldo en las liquidaciones originales.

Uno de los nombres centrales del expediente es el del entonces jefe del Departamento Revista, Ariel Baltasar Atanasoff. Entre los beneficiarios aparece María del Carmen Prieto, su esposa, quien recibió 46 acreditaciones por unos $152,3 millones, según la documentación citada por Infobae.

La Armada presentó el 15 de septiembre una denuncia ante la Justicia Federal para determinar las eventuales responsabilidades penales. Esa investigación avanza por separado del proceso disciplinario interno.

El ministro Presti también se refirió a la causa judicial y reclamó que, si se comprueban responsabilidades, los involucrados respondan ante la Justicia: “Más allá de la Justicia Federal, espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”.

Hasta ahora fueron recuperados unos $42,6 millones, mientras que el resto del monto detectado permanece bajo investigación. La Justicia deberá determinar quiénes participaron del mecanismo, qué responsabilidad tuvo cada uno y qué parte del dinero puede ser recuperada.